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El trascendental juicio en contra de Meta en EU

Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón
Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón Foto: La Razón

El martes 18 de agosto quedó marcado como una fecha importante para los grandes juicios en Estados Unidos, en virtud de que dio inicio un proceso trascendental en contra de Meta (empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp) por parte de las fiscalías de varios estados, entre ellos, California.

Las fiscalías acusan a las redes sociales de ser las responsables de la epidemia que afecta la salud mental de los jóvenes. Entre las acusaciones más controvertidas está la de la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, quien señaló que “Meta utiliza a los niños para engordar sus beneficios a sabiendas del daño que causaban las redes sociales en su salud mental, y que el modelo de negocio consiste en enganchar al usuario, retenerlo el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y ocultarle la verdad”.

Los estudios presentados en el juicio por parte de las fiscalías muestran que las redes sociales están diseñadas para generar adicción (el efecto “gancho”). Sostienen que funciones como el scroll infinito, la reproducción automática, los algoritmos de recomendación, los likes y las notificaciones constantes están explícitamente diseñados para explotar la psicología de los adolescentes y mantenerlos enganchados.

Las fiscalías presentaron correos y documentos internos que demuestran que la alta dirección de Meta sabía que sus aplicaciones exacerbaban problemas como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y dismorfia corporal en jóvenes. Aun así, priorizaron las métricas de uso sobre la salud mental de los menores, como también lo declaró en la audiencia Arturo Béjar, un extrabajador de Meta. Por otro lado, la defensa de Meta sostuvo que la responsabilidad no recae en sus herramientas de software y que la evidencia sobre la adicción es científicamente debatible. Además, con base en la Ley de Decencia en las Comunicaciones, argumenta que se la exime de responsabilidad por el contenido que los usuarios publican o por las recomendaciones automatizadas que muestran dicho contenido.

Dentro de sus argumentos, señalan que, al amparo de la Primera Enmienda, tanto los algoritmos como la selección y el orden en que se muestra el contenido representan una forma de conducta editorial protegida por la libertad de expresión. Asimismo, afirman que sus aplicaciones cuentan con herramientas de bienestar y control parental, e indican que se han implementado decenas de funciones de seguridad, tales como límites de tiempo diario, cuentas de supervisión para padres, recordatorios para tomar un descanso y restricciones de contenido para menores.

Meta sostiene que la crisis de salud mental juvenil es un problema multifactorial complejo, relacionado con variables socioeconómicas, escolares y familiares, y que la adicción a las redes no es un diagnóstico médico oficial equivalente al de una sustancia adictiva, pues se trata de una cuestión totalmente subjetiva.

Se prevé que el juicio dure entre seis y ocho semanas. El monto calculado por las fiscalías podría alcanzar los 200 mil millones de dólares, lo cual generaría una seria crisis financiera en la empresa; por otro lado, las calificadoras señalan una cifra más realista a la que podría ser condenada, en torno a los 120 mil millones de dólares. Más allá de la cantidad que se establezca como indemnización, lo trascendente es que la sentencia marcará un hito en la historia de los litigios contra las grandes empresas tecnológicas. Ante el vertiginoso avance de la Inteligencia Artificial, este juicio es una señal clara de que estas corporaciones deben conducirse con responsabilidad y que el sector debe regularse para prevenir futuros daños a la sociedad.

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