Día a día siguen brotando los hechos de corrupción registrados en el Instituto Nacional Electoral, solapados y encubiertos por la expresidenta del mismo, Guadalupe Taddei, para proteger a su proveedor favorito, José Alfredo Hernández Casillas, a pesar de la insistencia en Palacio Nacional —como en el sexenio anterior— en pretender involucrar en ellos al extitular de ese organismo, Lorenzo Córdova, en un vano afán de repartir culpas y hasta intentar desvincularla de su militancia en el guinda.
En medio de ese escándalo, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, el legislador más allegado y de mayor confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum, exigió que la Fiscalía General de la República investigue a los funcionarios y exfuncionarios del INE implicados en esa corrupción y demandó que “Guadalupe Taddei deber ir a la cárcel”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Raspón a Corral… desde Morena
A pesar de los pronósticos de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará mañana a las elecciones intermedias de integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado y de 36 gobernadores con un bajo porcentaje de aprobación de apenas 31 por ciento, el republicano está confiado en contar con apoyo electoral suficiente para continuar gobernando sin problemas.
Durante la marcha habida ayer en Uruapan, en el primer aniversario del asesinato del alcalde Carlos Manzo, encabezada por su viuda, Grecia Quiroz, ésta develó una estatua en el mismo lugar en que fuera asesinado, al que asistieron miles de personas, le volvió a exigir a la Presidenta Sheinbaum el esclarecimiento de ese homicidio político, no venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, la Fiscalía michoacana confirmó que el origen de ese atentado ocurrido hace un año en el tradicional festival de las Velas en ese municipio, fue una venganza del cártel jalisciense “por la confrontación que el extinto edil sostuvo con éste”, quien denunciara que si algo le ocurría sería por un atentado político en su contra.
Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México, vuelve a librar temporalmente la persecución política en su contra: un juez federal le concedió la suspensión definitiva en el amparo que promovió contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible que lo llevara a prisión más de dos meses en el Altiplano.
Esa suspensión mantiene la causa en etapa intermedia, pero impide dictarle auto de apertura de juicio oral, mientras se resuelve el fondo del amparo. Por lo pronto, seguirá en su casa de Ensenada, donde cumple prisión domiciliaria, bajo vigilancia de la Guardia Nacional, después de haber sido detenido en julio pasado y trasladado a Almoloya.
Maromas
