La Alianza Nacional de Jubilados (Anajub) estableció un convenio de colaboración institucional con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) para construir un frente jurídico en defensa de los derechos laborales adquiridos, la seguridad social y la certeza jurídica.
El acuerdo se produce en medio de las gestiones y movilizaciones de los jubilados ante el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión para impulsar una modificación al Segundo Transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, con el propósito de evitar que sus disposiciones tengan efectos retroactivos sobre las pensiones y prestaciones consolidadas bajo legislaciones anteriores.
Este pacto adquiere relevancia por la dimensión de los sectores involucrados, ya que la Anajub agrupa a jubilados provenientes de empresas productivas del Estado, organismos del sector energético e instituciones de la banca de desarrollo, cuyos esquemas de retiro forman parte de las obligaciones laborales y financieras de estas entidades. Como parte del convenio, ambas organizaciones realizarán evaluaciones conjuntas de reformas, ordenamientos legales y políticas públicas que puedan incidir en los derechos laborales consolidados y en los sistemas de seguridad social.
Raspón a Corral… desde Morena
También prevén organizar foros académicos, paneles especializados y mesas técnicas para examinar los alcances constitucionales de las modificaciones y promover una discusión sobre la división de poderes, la no retroactividad de la ley, el respeto a los derechos adquiridos, el principio de progresividad y la no discriminación. Uno de los puntos centrales es conseguir que el Congreso y la Presidencia de la República establezcan una ruta formal de trabajo para revisar el régimen transitorio del artículo 127, pues los jubilados consideran que cualquier modificación que reduzca o desconozca derechos previamente consolidados abriría un problema de certeza jurídica. La participación de Jufed incorpora una dimensión jurídica a las demandas de Anajub, al sumar la experiencia de integrantes de la Judicatura Federal en el análisis de las disposiciones constitucionales y sus posibles consecuencias.
El planteamiento de ambas organizaciones es que la discusión no se limite a una controversia entre trabajadores jubilados y entidades públicas, sino que se examine el alcance de las reformas sobre las obligaciones laborales del Estado y la protección de los derechos adquiridos. El debate tiene bajo análisis la manera en que las decisiones constitucionales pueden incidir en los compromisos pensionarios de empresas y organismos públicos, así como en la confianza de quienes durante su vida laboral construyeron sus condiciones de retiro bajo reglas específicas. La organización sostiene que la defensa de las pensiones debe mantenerse dentro del marco constitucional y que el respeto a los derechos consolidados es un elemento fundamental para preservar la confianza en las instituciones.
Conexión pendiente. El Tren Querétaro-Irapuato retoma un proyecto ferroviario planteado hace aproximadamente cinco décadas. Con 25 por ciento de avance, la obra encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acercará Guanajuato a la Ciudad de México y beneficiará a cerca de 2 millones de personas. En la supervisión participaron Mauricio Kuri González, Libia Dennise García Muñoz Ledo y José Miguel Bejos, presidente de Mota-Engil México. Andrés Lajous Loaeza, director de la ATTRAPI, detalló que el tren tendrá 102 kilómetros, 10 viaductos, un túnel-cajón y 13 estructuras viales. Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco informó que cinco viaductos ya están en construcción. La obra prevé 3 mil 365 empleos directos y 5 mil 700 indirectos. Kuri agradeció el apoyo federal y Libia Dennise destacó las oportunidades económicas. Sheinbaum también resaltó el crecimiento de 3.2 por ciento reportado por el Inegi. La coordinación entre gobiernos de distintas filiaciones políticas y el trabajo de empresas y trabajadores serán decisivos para concretar las expectativas.
T-MEC y plástico. La revisión del T-MEC abre una oportunidad para fortalecer la integración comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque las diferencias en materia de aranceles y reglas de origen mantienen el desafío sobre la mesa. Justo éste fue uno de los temas en el que puso lupa la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, junto a Perc Pineda, Chief Economist de la Plastics Industry Association (PLASTICS), en la reciente edición del foro de Comercio Exterior encabezado por el organismo mexicano. En este escenario, Estados Unidos busca fortalecer las cadenas de suministro regionales, reducir su dependencia de productos chinos y garantizar el cumplimiento de las normas laborales y ambientales. Para la industria del plástico, estos cambios son relevantes debido a su participación en actividades estratégicas como la manufactura médica, automotriz y de embalaje.
Voz en Off. Hutchison Ports dio un paso en la profesionalización de sus operaciones en México. El pasado 28 de octubre, en su terminal ICAVE de Veracruz, reconoció a cerca de 1,500 colaboradores que concluyeron la primera etapa de su instituto de formación, una plataforma que busca llegar a los 6,000 trabajadores de la compañía en el país. El programa contempla 15 módulos en seis disciplinas, entre ellas operación portuaria, gestión, tecnología y seguridad. Jorge Magno Lecona Ruiz, director ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe, destacó que la intención es aprovechar el conocimiento generado dentro de la propia organización...
Maromas
