Las alcaldías de la Ciudad de México podrían brindar orientación jurídica y acompañamiento institucional a personas de la diversidad sexo genérica que enfrenten actos de discriminación, violencia o vulneración de derechos, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso capitalino.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada morenista Brenda Ruiz Aguilar, quien señaló que muchas personas LGBTIQ+ enfrentan obstáculos para denunciar agresiones debido al miedo, la desinformación, la revictimización y, en algunos casos, los prejuicios que persisten dentro de las instituciones.
“Cuando una persona de la diversidad sexual sufre una lesión o un trato injusto, muchas veces se encuentra sola frente a situaciones complejas y procesos institucionales difíciles de comprender”.
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“El miedo, la desinformación, la revictimización o la falta de acompañamiento institucional y, en ocasiones, el propio prejuicio que permea las autoridades, provocan que numerosos casos nunca se denuncien y que las víctimas renuncien a buscar justicia”, expresó durante la sesión virtual.
En su iniciativa, la legisladora propone reformar la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México mediante la adición de dos nuevas fracciones al artículo 26, que establece las atribuciones de las alcaldías en materia de atención a esta población.
La propuesta plantea que las 16 alcaldías capitalinas estén facultadas para brindar servicios de orientación, asesoría jurídica y, en su caso, canalización a las instancias competentes cuando las personas de la población LGBTIQ+ enfrenten actos de discriminación, violencia o cualquier vulneración de sus derechos.
Asimismo, busca que las alcaldías establezcan mecanismos de acompañamiento institucional para las víctimas, particularmente durante procedimientos ante autoridades administrativas o instancias de procuración de justicia.
Actualmente la Ley contempla que las alcaldías destinen recursos para la atención de la población LGBTTIQ+, desarrollen programas con perspectiva de género y derechos humanos, capaciten a servidores públicos, habiliten espacios comunitarios y remitan información estadística a la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS).
Sin embargo, no establece de manera expresa servicios de orientación legal ni acompañamiento en procesos de acceso a la justicia.
Durante la presentación de la propuesta, Ruiz Aguilar afirmó que las violencias contra la población de la diversidad sexual tienen un carácter estructural y continúan limitando el acceso a derechos fundamentales.
“Estas violencias no sólo vulneran la dignidad humana, sino que limitan el acceso a derechos fundamentales, reproducen desigualdades y profundizan la exclusión social”, sostuvo.
La diputada señaló que la reforma busca fortalecer el papel de las alcaldías para que, además de realizar labores de sensibilización y promoción de derechos, puedan convertirse en una primera puerta de apoyo para quienes requieran orientación legal o acompañamiento institucional.
Esta iniciativa ya fue turnada a las comisiones del Congreso capitalino facultadas para su discusión.
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