La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscará que se reclasifique como feminicidio el “homicidio” de la trabajadora sexual Paola Buenrostro, luego de la detención del presunto responsable, casi una década después.
Lo anterior, después de que este martes un colectivo de la comunidad trans irrumpió en la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, ubicada en la colonia Doctores, para exigir que el caso se reclasifique como transfeminicidio.
Al respecto, la FJGCDMX adelantó que solicitará al juez que lleva el caso valorar la reclasificación del delito durante las siguientes etapas del proceso “conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico aplicable”.
“La clasificación jurídica del caso no está cerrada: durante el proceso fortaleceremos la investigación y aportaremos elementos para que se valore su reclasificación como feminicidio”, aseguró.
Aunque sostuvo que “reconoce plenamente” la identidad de Paola Buenrostro como mujer transexual, no mencionó la posibilidad de reclasificar el delito como transfeminicidio, tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México y que establece penas de entre 35 y 70 años de prisión.
Comunicado de Fiscalía provoca nuevo choque con activistas
Luego de irrumpir al edificio, Kenya Cuevas y otras 10 activistas ingresaron a una reunión con la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, que se prolongó durante casi dos horas y durante la que habían acordado la reclasificación del delito, entre otros puntos.
Sin embargo, mientras continuaba el diálogo en el edificio de Doctor Lavista, la FGJCDMX se refirió a las manifestaciones realizadas este martes y a la investigación sobre el asesinato de Paola Buenrostro, que, explicó, inició por homicidio debido al marco jurídico vigente en 2016, año en el que ocurrió el crimen en contra de la trabajadora sexual.
La institución señaló que existen otros casos de mujeres víctimas en los que los agresores son imputados por homicidio cuando no se acreditan las circunstancias específicas previstas para el feminicidio.
El posicionamiento molestó a las activistas, quienes exigieron que fuera retirado de las redes sociales y que la Fiscalía se retractara.
Victoria Sámano, activista y fundadora de Casa Lleca, y Kenya Cuevas, reclamaron que la institución emitiera el comunicado después de la reunión con Alcalde Luján, cuando, según su versión ya se había alcanzado un acuerdo sobre el caso de Paola.
El diálogo se interrumpió y, de acuerdo con las activistas, la fiscal cerró las puertas del inmueble y se negó a firmar la minuta en la que, según su versión, habían quedado asentados los acuerdos alcanzados durante la reunión.
Entre los puntos que las activistas buscaban formalizar se encontraba la reclasificación del delito, así como la separación del cargo de la agente del Ministerio Público que durante la audiencia utilizó el nombre y pronombres masculinos para referirse a Kenya Cuevas y a otras testigos trans.
En su comunicado, la Fiscalía reconoció el derecho de las víctimas y activistas a manifestarse y afirmó que comprende “el dolor y la indignación acumulados durante casi una década”. Aunque señaló que ninguna manifestación puede justificar agresiones contra servidores públicos ni daños a las instalaciones de la institución.
Sobre lo ocurrido durante la audiencia, la Fiscalía afirmó que toma con seriedad los señalamientos y reconoció que “cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas” no corresponde a los estándares de atención que exige a su personal.
No obstante, rechazó que exista una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico y aseguró que mantiene una instrucción expresa para reconocer la identidad de género de las personas y actuar con perspectiva de género.
La institución concluyó que el principal avance es que, después de casi una década, Arturo “N”, señalado como probable responsable del asesinato de Paola Buenrostro, se encuentra ante un juez.
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