Hilda Lara acusó a su hermano, Ulises Lara, exfiscal de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de haber utilizado su posición de poder para orquestar un proceso judicial irregular para despojarla a ella y a su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, de su vivienda familiar.
La mujer calificó el proceder del exfiscal como desgastante y lamentable, al considerar que la autoridad de un servidor público debe estar al servicio de la ciudadanía.
El conflicto legal tiene su origen en un inmueble ubicado en la colonia Acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
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Dicha propiedad fue adquirida por Hilda Lara en el año 2013, mediante un contrato de compraventa celebrado con sus padres, Carlos y Ady.
La legitimidad del acto se sustentó mediante una escritura pública protocolizada ante el notario número 165 de la capital, Carlos Sotelo Regil. En dicho instrumento se registró la operación comercial por un monto total de 2.1 millones de pesos, suma que fue cubierta en una parte significativa a través de un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
A pesar de que existen registros notariales y periciales que confirman que el padre, Carlos, firmó de puño y letra el instrumento notarial y recibió el depósito monetario correspondiente, las acciones legales iniciaron ocho años después.
Fue en el año 2021 cuando Hilda Lara recibió un requerimiento relativo a una demanda penal donde presuntamente su padre desconocía la operación de compraventa y la acusaba de haber obtenido el inmueble de forma ilegal.
Tras ser notificada, la afectada intentó establecer contacto directo con su padre para aclarar la situación; sin embargo, se le impidió la comunicación.
Según su testimonio, Ulises Lara, con quien habitaba el padre en ese periodo, se erigió como el único interlocutor disponible y se negó sistemáticamente a discutir la controversia patrimonial.
Las acciones legales derivaron en el desalojo violento de la familia de Hilda Lara en el año 2023. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguraron la vivienda mientras los residentes se encontraban fuera del inmueble. Esta acción impidió a la familia recuperar sus pertenencias personales y se ejecutó sin la presencia de un actuario ni la elaboración de un inventario formal de los bienes.
Por su parte, Ulises Lara ha rechazado públicamente los señalamientos en su contra, sosteniendo que no ha intervenido en el litigio y que el proceso responde a una acción emprendida de manera legítima por su padre.
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JVR
