Un informe elaborado por la organización Causa en Común reveló que, las instituciones de seguridad de Colima reflejan “una falta de compromiso con la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y áreas donde el cumplimiento normativo y administrativo es aún deficiente”.
Lo anterior se dio a conocer en el “Informe de transparencia sobre el desarrollo de instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia”, que es realizado por las organizaciones Causa en Común, Impunidad Cero y Perteneces, el cual reúne y analiza información sobre las instituciones de seguridad pública, centros penitenciarios y fiscalías generales de los estados.
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El documento reveló que los organismos de seguridad en Colima no brindaron información suficiente para evaluar rubros como políticas públicas, policías en activo, formación policial o capacidad directiva o régimen disciplinario para prevenir hechos de corrupción, delitos, abusos, entre otros rubros.
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De acuerdo con el estudio, la Fiscalía General del Estado de Colima omitió por completo la entrega de la información solicitada para el Índice de Transparencia en la Procuración de Justicia (Intrapro), que es un instrumento creado por Causa en Común para reunir, sistematizar y analizar información de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno.
Esta ausencia total de respuesta impidió realizar cualquier análisis o evaluación sobre cinco ejes clave: Carrera, Profesionalización, Régimen Disciplinario, Seguridad Social y Certificación.
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“Ante la falta de contestación a la solicitud de acceso a la información, se interpuso un Recurso de Revisión. A pesar de la interposición, la Fiscalía tampoco proporcionó respuesta alguna ni información justificada, manteniendo la omisión.
“Lo anterior generó que incluso después de un Recurso de Revisión, la fiscalía refleje una falta de compromiso con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública”, señala el informe.
Además, de acuerdo con el documento, la “resistencia de la fiscalía para brindar datos fundamentales evitó la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre sus prácticas institucionales y obstaculizó la rendición de cuentas”.
A pesar de que la fiscalía rechazó entregar información, en el eje de autonomía sí pudo ser evaluado gracias a la información proporcionada por el Congreso del estado y se confirmó que este órgano está constituido formalmente como uno autónomo, lo cual es un avance normativo, sin embargo, presenta áreas de oportunidad que comprometen la autonomía real de la institución, ya que la Constitución local no prohíbe que exservidores públicos ocupen el cargo de fiscal general y esto abre la posibilidad de influencias políticas.
Asimismo, para el procedimiento de designación del fiscal si el Congreso no aprueba una propuesta en un plazo o rechaza dos sugerencias consecutivas, la decisión final recae en el Ejecutivo.
De manera similar, el mecanismo de remoción del fiscal general también merma la autonomía, ya que el silencio del Congreso en 10 días hábiles ante una remoción por parte del Ejecutivo se interpreta como aceptación, facilitando la destitución y exponiendo al fiscal a presiones.
En entrevista con La Razón, el investigador de la organización Causa en Común, Asael Nuche, dijo que Colima fue uno de los estados que peor salió evaluado en materia de transparencia, lo cual es preocupante porque las instituciones de seguridad trabajan con presupuesto público y los ciudadanos tienen el derecho a saber cómo se gasta ese dinero y saber si cuentan con policías profesionales.
Explicó que, en el Índice de Transparencia sobre Desarrollo Policial, Colima ocupó el lugar 14 por no responder algunos rubros como el estado de fuerza, que es cuántos elementos de la Policía Estatal tiene cada estado.
“¿Por qué es para nosotros importante evaluar el estado de fuerza y saber cuántos policías hay en cada estado?, porque es una medida del progreso y crecimiento del fortalecimiento policial, si una institucional policial no logra crecer de un año a otro es preocupante, pues en la medida que crece la población y no el número de policías se genera un déficit y se ve reflejada en una tasa más baja de uniformados por habitante”, dijo.
Añadió que Colima no respondió cuántos policías tiene bajo el argumento de que “se pone en riesgo la seguridad de los policías y la seguridad pública”.
“Ellos argumentaron que la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo 110 se pueden reservar ciertos datos de información, pero lo que nosotros pedimos no expone la seguridad pública porque son datos y estadísticas, no estamos pidiendo nombres o datos personales”, mencionó.
También dijo que otra información que se negaron a brindar las instituciones de seguridad de Colima fue el catálogo de perfiles, el cual establece y define cuáles son los criterios que debe cumplir una persona para ocupar un cargo público.
Tampoco explicaron el presupuesto ejercido en formación policial, es decir, cuánto invirtió la entidad para formar a los policías y en el caso de Colima respondieron que fue cero pesos.
“Encontramos que en Colima no hay mecanismos para la presentación de quejas, por ejemplo, página web, línea telefónica o redes sociales, también clasificaron la información sobre el número de psicólogos que hay por cada policía”, explicó.
