El Gobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, separó a nueve elementos de la Guardia Civil investigados por presuntos abusos de autoridad y actos de cohecho.
Las acciones, enmarcadas en una política de cero tolerancia a la corrupción en los cuerpos de seguridad, responden a denuncias ciudadanas, luego de que estos elementos fueran captados extorsionando a automovilistas con la amenaza de aplicar multas.
Lo anterior ocurre en un contexto en el que ese tipo de sanciones de tránsito fueron recientemente eliminadas en Michoacán, con el propósito de cortar de raíz cualquier práctica de extorsión o intimidación.
Con ello se busca garantizar que los agentes policiales se concentren exclusivamente en la protección ciudadana y no en funciones recaudatorias.
En diciembre de 2025, cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán tras una denuncia por conductas irregulares. En enero, cinco más enfrentaron el mismo proceso por presunto abuso de autoridad.
En ambos casos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por José Antonio Cruz Medina, que forma parte del equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, actuó con rapidez y coordinó con las autoridades investigadoras.
De hecho, fue el mismo Cruz Medina quien hizo públicas las sanciones en sus canales oficiales, como parte de una estrategia de transparencia que busca fortalecer la confianza ciudadana y demostrar que las quejas tienen consecuencias inmediatas.
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FGR


