En el gobierno de Layda Sansores en Campeche, el cúmulo de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de los policías estatales tuvo un escalamiento de más del triple entre 2023 y 2024; de 66 por ciento contra el personal de la fiscalía estatal.
En 2023, la dependencia más denunciada fue la Fiscalía de Campeche, con 63 expedientes; la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con 50; el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, con 25 y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 21.
- El dato: Derechos Humanos de Campeche da cuenta la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Gobierno y el Poder Ejecutivo local son los más denunciados.
De manera contrastante, para 2024 las autoridades más denunciadas fueron: Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con 156 quejas; la Fiscalía de Campeche, con 105 quejas; y la Secretaría de Gobierno, con 50.
En general, entre 2023 y 2024 el número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos tuvo un incremento de 9 por ciento en la entidad gobernada por la polémica morenista.
De acuerdo con el tercer informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), durante 2024 se recibieron 337 quejas interpuestas por personas originarias de diversos municipios de la entidad.
En contraste, en 2023 la Codhecam recibió 308 quejas —todas a petición de parte, salvo dos que se abrieron de manera oficiosa— y las mujeres fueron quienes más interpusieron quejas, con 159.
- 50 por ciento subieron las recomendaciones en el sector educativo
Cabe mencionar que durante 2024 los cinco municipios con más denuncias fueron la capital Campeche, con 184; Ciudad del Carmen, con 87; Champotón, con 10; Escárcega, con 10, y Calkiní, con 9.
En comparación con 2023, en 2024 también se reportó un aumento de medidas cautelares, pues en 2023 fueron requeridas 10 autoridades en un total de 16 documentos en los que se solicitó una suma de 47 medidas cautelares.
En 2024, de acuerdo con la Codhecam, se notificaron 21 documentos en los que están contenidas 57 medidas cautelares, a efecto de garantizar la protección de 63 garantías individuales.
Las medidas cautelares son una disposición temporal para proteger a las personas que están en riesgo inminente de sufrir violaciones a sus derechos humanos o daños de difícil reparación.
En el 2024, la Secretaría de Gobierno fue la autoridad con más notificaciones de medidas cautelares, con 14 y la Fiscalía General del Estado de Campeche, con 12.
En el 2023, la Fiscalía General del Estado, tuvo 6 y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Prevención y Reinserción Social del Estado, 3.
Asimismo, en el 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de campeche informó que, resultado de la aplicación de mecanismos de solución pacífica en los procedimientos de queja, del total de los expedientes sustanciados, en el 83 por ciento de los casos las personas fueron restituidas y o reparadas de sus derechos que habían sido vulnerados.
En cuanto a las recomendaciones, las cuales tienen como fin la dignificación y satisfacción de las víctimas y la no repetición de conductas que atentan contra los derechos humanos, se reportó una disminución, al comparar el 2023 y el 2024.
La Codhecam informó que, como resultado de la tramitación de los expedientes, ante la imposibilidad legal o material de reparar a las víctimas a través de la solución pacífica del conflicto, se emitieron 20 recomendaciones mediante cuatro documentos.
Entre las autoridades recomendadas estuvieron la Fiscalía General del Estado y el ayuntamiento de Carmen. La emisión de dichas medidas trascendió en la restitución y/o reparación de 225 derechos en favor de 453 personas.
Mientras tanto, en 2023 la Codhecam realizó 28 recomendaciones formuladas y en las que se identificaron a 120 víctimas de violaciones a derechos humanos: 118 directas y 2 indirectas.
Las cinco autoridades más recomendadas fueron la Secretaría de Seguridad Pública, con 8; la Fiscalía del Estado de Campeche, con 6; la Secretaría de Gobierno, con 2; el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, con una, y la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, con una.
En Educación también fallan. Pero en la gestión de Layda Sansores no sólo las fuerzas estatales y algunos órganos de gobierno fueron puestos bajo lupa por violaciones a derechos humanos, de hecho en el tercer informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche también destaca de manera importante el sector educativo. En el periodo registrado de 2023-2024 hubo un escalamiento de 50 por ciento de violaciones en esta área.
En 2023, se abrieron 20 expedientes contra la Secretaría de Educación y para el año siguiente aumentaron a 30.
En este mismo año, la Secretaría de Educación estuvo a la cabeza de las cinco autoridades con más notificaciones de medidas cautelares con 19, también estuvo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Champotón, con 5 y la Secretaría de Salud, con 5.
Para 2024, la Secretaría de Educación tuvo 11; el ayuntamiento de Campeche, 4, y el Instituto Electoral del Estado de Campeche, también con 4.
El aumento de violaciones a los derechos humanos se suma a los actos de hostigamiento y persecución política a periodistas y académicos durante la administración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Luego de que fuera detenido en abril de 2025 el periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, exdirector del periódico Tribuna de Campeche, le prohibieron ejercer durante dos años, presuntamente por cometer los delitos de calumnias y discurso de odio contra la gobernadora de ese estado, Layda Sansores San Román.
González Valdez fue detenido el 9 de abril de 2025, cuando intervino en la retención de un conductor, lo que derivó en el uso de la fuerza en su contra por parte de agentes estatales, quienes provocaron que fuera llevado a un hospital.
De igual forma, José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue detenido el 12 de enero en posesión simple de drogas, lo que motivó la confrontación entre integrantes del Consejo Universitario con las autoridades estatales.
