El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, a quienes acusa de incurrir en violaciones graves a la Constitución durante el proceso electoral local celebrado el pasado 7 de junio.
El legislador sostuvo que durante la jornada en la que se renovó el Congreso de Coahuila se registraron diversas irregularidades que, a su juicio, comprometieron la legalidad y equidad de la contienda.
Entre las acusaciones, Mejía Berdeja afirmó que autoridades estatales utilizaron corporaciones de seguridad para actuar contra candidatos, dirigentes y operadores políticos de Morena y del Partido del Trabajo.
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“En la demanda de juicio político señalamos que el gobernador instruyó a la policía estatal para reprimir, secuestrar, golpear y torturar a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. Estos hechos ocurrieron antes, durante y después de la jornada electoral”, declaró.
El diputado aseguró que legisladores federales de Morena y PT denunciaron haber sido privados de la libertad temporalmente y presuntamente sometidos a malos tratos por parte de elementos de la policía estatal.
Asimismo, acusó la participación de funcionarios públicos durante la jornada electoral con fines de intimidación a simpatizantes y representantes de la oposición.
“No hubo elecciones libres y auténticas”, sostuvo.
Mejía Berdeja también denunció un presunto esquema de compra de votos que, según dijo, habría operado mediante códigos QR.
De acuerdo con el legislador petista, a través de este mecanismo se habrían ofrecido cantidades de entre 500 y mil pesos a cambio del sufragio.
“Las elecciones eran un mercado de compra-venta, donde con el código QR se estuvieron comprando votos”, afirmó.
Ante este panorama, adelantó que trabaja en una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con el objetivo de establecer como causal de nulidad el uso de teléfonos celulares y códigos QR cuando éstos sean utilizados para vulnerar la secrecía del voto.
“Con los dispositivos celulares, los códigos y toda la tecnología, se pueden generar mecanismos que afectan la libertad del sufragio. Hay que regularlo”, argumentó.
Durante su posicionamiento, el también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados afirmó haber recibido amenazas relacionadas con su actividad política en Coahuila.
Según relató, personas identificadas mediante apodos le habrían advertido sobre posibles acciones en su contra una vez concluida la actual Legislatura federal.
Por ello, responsabilizó públicamente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y a mandos de la policía estatal de cualquier agresión que pudiera sufrir él o integrantes del Partido del Trabajo.
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