Guadalupe López González, alcaldesa del partido Morena en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, fue señalada por realizar presuntas exigencias de pagos ilegales y extorsión a empresas del sector de telecomunicaciones.
Ante la negativa de empresas de dicho sector, como Telmex, Megacable y Totalplay, de ceder a extorsiones, la administración de López Sánchez ha impuesto multas ilegales que superan los mil 500 millones de pesos.
Según información, Pedro Molineros Urías, quien funge como presunto asesor de la alcaldesa morenista, es quien negocia con las empresas ofreciendo reducciones de entre el 60 y 70 por ciento sobre las sanciones impuestas, operando bajo un esquema de extorsión que replica el modus operandi visto en Tequila, Jalisco.
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Las empresas afectadas, según los reportes, ya han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar estos cobros ilegales, así como las afectaciones directas a su infraestructura de red.
Según los señalamientos, el Ayuntamiento ha llegado al extremo de cortar cables físicos, dejando sin servicio de internet y telecomunicaciones a la población, lo cual constituye un delito de carácter federal.
Lo anterior evidencia una desproporción en el esquema de cobro, ya que mientras el Reglamento de Construcción local prevé sanciones cercanas a los 60 mil pesos por obras sin autorización, el municipio a cargo de Guadalupe López González pretende cobrar más de 410 mil pesos por cada coordenada de cableado, para luego ofrecer las condonaciones.
El proceso regulatorio municipal presenta graves irregularidades, ya que se realizan verificaciones sin la participación de las empresas, notificaciones deficientes, falta de derecho de audiencia y obstáculos probatorios, se informó.
Ante la difusión de la información, funcionarios municipales han argumentado públicamente que el reglamento local los faculta para autorizar y sancionar instalaciones de telecomunicaciones, lo cual es a todas luces falso e insostenible.
Dichos reglamentos municipales no pueden otorgar facultades que la Constitución reserva exclusivamente a la Federación, invadiendo competencia federal al sancionar un tendido que utiliza la infraestructura de la CFE y que no requiere permisos municipales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha analizado este tipo de disputas e invalidó previamente los cobros municipales aplicados a empresas de telecomunicaciones que operan en vías y redes federales, confirmando que los municipios carecen de facultades sobre la infraestructura regulada por la federación, como los postes de luz de la CFE.
El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una proposición con Punto de Acuerdo exigiendo formalmente a la FGR detener lo que calificó como “cobro de piso” institucional en Salvador Alvarado.
El legislador exhortó también a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a intervenir para evitar un riesgo de incomunicación y proteger la infraestructura estratégica.
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