Una segunda persona fue detenida este sábado por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrido el pasado 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no reveló la identidad de la persona detenida, el Registro Nacional de Detenciones indica que se trata de Jorge Luis “N”, director de la academia.
Según el documento, agentes ministeriales aprehendieron al individuo a las 21:12 horas de este 25 de julio en el fraccionamiento Los Encinos, en el vecino municipio de Altamira.
En tanto, la Fiscalía de Tamaulipas informó que Jorge Luis “N” fue puesto a disposición del juez de control de la Sexta Región Judicial por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de la adolescente.
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar para esclarecer los hechos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad”, concluyó la institución.
El pasado 23 de julio fue detenida Danna Yanina “N”, de 18 años, auxiliar de una instructora identificada como Estrellita Mora, quien presuntamente estaba a cargo de las menores internadas en la academia militarizada.
Danna Yanina “N” permanece recluida en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, luego de que una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, la audiencia para determinar su situación jurídica se aplazó al próximo lunes 27 de julio, debido a la ausencia de testigos citados a comparecer.
Defensa, sin facultades sobre academias militarizadas
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró este sábado que, conforme a su Reglamento Interior, no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular a las “academias militarizadas”.
Lo anterior, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que no está autorizada la prestación de servicios educativos bajo modalidades “militarizada”, “militar”, “castrense”; además, consideró “inadmisible” que esas denominaciones “se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”.
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