Desde hace casi una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió dilaciones, vacíos y omisiones cometidas por los tres órdenes de gobierno en materia de personas desaparecidas, pero, sobre todo, en la contención del incremento en fosas clandestinas del que dieron cuenta colectivos de búsqueda formados por familias que se han visto en la necesidad de asumir la tarea que corresponde por ley a las autoridades.
En el 2017, el órgano emitió un reporte especializado: Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, en el que incluyó llamados para que tanto las entidades como la Federación asumieran responsabilidad y redoblaran los esfuerzos, pues desde un año antes, cuando comenzó su estudio en el 2016, advirtió que las fosas eran ya un problema “preocupante”.
- El Dato: ayer se informó la muerte de Magdaleno Pérez, del colectivo de búsqueda María Herrera, luego de ser golpeado por policías de Poza Rica, quienes ya son investigados.
“La CNDH ve con preocupación el que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres o restos de ellas exhumados.
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“Sobre el particular, tanto las autoridades de los tres niveles de gobierno como los diversos medios de comunicación han manifestado que su existencia deriva de la violencia provocada por la delincuencia organizada, sin descartar en algunos casos la participación y apoyo de agentes del Estado”, advirtió.
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En su edición de este martes, La Razón publicó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se multiplicó la cantidad de fosas clandestinas localizadas, pues un reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con corte a abril del 2023, se muestra que el número llegó a dos mil 863, mientras que en los dos sexenios inmediatos anteriores hubo dos mil 835 entre ambos, aunque este fenómeno se debe, en parte, a una mayor actividad de búsqueda.
Otro apunte que hizo la CNDH es que no se puede negar el “gran número de cuerpos y restos humanos localizados en fosas clandestinas” o que también fueron abandonados en la vía pública y que no fueron localizados por las personas que legalmente se encuentran facultadas para ello, a lo cual se suman diversas deficiencias cometidas por servidores como, por ejemplo, no realizar tomas de muestras biológicas en los restos hallados que puedan servir para su identificación y, cuando sí se hacían, eran en su mayoría a petición de los familiares y no por convicción de buscar el esclarecimiento de los casos.
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“Las autoridades de los tres niveles de gobierno no pueden renunciar a lo que constitucional y legalmente les corresponde en materia de prevención e investigación; no pueden asumir una conducta pasiva ante lo que hoy varios colectivos de familiares, sustituyendo la tarea del Estado, realizan para encontrar a personas desaparecidas”, enfatizó.
Al respecto, Carmen Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que el hallazgo de fosas se ha concentrado en el tiempo reciente en estados como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, y que, además, se convirtió en una situación envuelta en la negligencia.
- El Tip: la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que el predio ya había sido intervenido desde septiembre de 2024, cuando fueron detenidas 10 personas, aunque otras escaparon.
“Cada vez han sido más los colectivos que salen a hacer esta búsqueda de tipo forense y, en ese sentido, pues a localizar cosas que la autoridad pasa por alto o que no hace su trabajo y los colectivos son quienes han mostrado que esto, esta realidad, está latente”, aseguró a La Razón.
En el caso de Jalisco, advirtió que, a pesar de que la comisión defensora local también ha hecho diagnósticos y emitido recomendaciones, éstas no han sido atendidas ni se incrementaron las acciones necesarias para prevenir las desapariciones o para mejorar los procesos de búsqueda e identificación.
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Advirtió que el caso del rancho Izaguirre, es sólo uno de los puntos rojos identificados en la entidad acerca de lugares para el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que está ligado a un patrón de desapariciones de jóvenes en búsqueda de empleo de estados colindantes como Nayarit, Zacatecas o Guanajuato, denunciado desde años atrás.
Gobierno pide a FGR atraer la investigación
| Por Yulia Bonilla
El Gobierno federal ya solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación sobre el rancho Izaguirre, donde hallaron indicios de un mega crematorio clandestino y pertenencias de al menos 200 personas, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“Sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco, aprovecho para decirlo”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.
Sobre las imágenes que ya circulan y que muestran algunas de las pertenencias localizadas en el predio, la mandataria expresó que dan pie a averiguar qué fue lo que ocurría en el lugar.
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“Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer (martes), muchas, bueno, todo lo que dijo el fiscal, pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar; porque las imágenes que, obviamente, son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces, es importante esta investigación coordinada, aparte de que, obviamente, se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar”, dijo.
La víspera, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dijo que antes de decidir si se atraía o no el caso, se analizarían las condiciones y desarrollo del mismo, para diferir las facultades locales de las federales.
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Fue el 5 de marzo cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco consiguió ingresar al rancho, tras una llamada anónima que les indicó la existencia de este crematorio en donde, al explorarlo, encontraron decenas de artículos personales como zapatos, ropa y cuadernos, así como tres hornos dentro de los cuales aún se encontraban algunos restos óseos.
