El Centro Acacia para la Justicia atiende a 26 mil niños migrantes bajo su contrato federal con el gobierno de Estados Unidos; por ello, celebró la determinación de la jueza Araceli Martínez-Olguín, en San Francisco, quien en días pasados emitió una orden de restricción temporal que bloquea la posibilidad de cortar los fondos para los defensores; advirtió que “vienen más protestas y amparos contra estas políticas”.
En febrero pasado, el gobierno estadounidense suspendió el apoyo para la representación jurídica en los tribunales de migración para los niños que ingresaron a ese país sin compañía de un adulto, por lo que, en ese entonces, organizaciones civiles de apoyo migrante comentaron a La Razón que serían 26 mil menores afectados.
- El Dato: El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios publicará mañana un informe con recomendaciones para México, tras haberlo evaluado sobre acciones migratorias.
Los activistas celebraron el fallo de la jueza de origen latino y afirmaron que esta medida representaba un avance para aquellos que luchan contra la deportación y que no pueden pagar un abogado, sin contar los daños colaterales que esto puede causar a un menor.

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Un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), elaborado con base en los números de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y publicado en 2024, reveló que tan sólo del 2020 al 2023 aumentó 312 por ciento el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, al pasar de 33 mil 239 casos a 137 mil 275.
Christine Lin, directora de capacitación y asistencia técnica en el Centro de Estudios de Género y Refugiados, señaló que las recientes políticas del presidente estadounidense Donald Trump representan una violación a los derechos humanos, pero resaltó que en ellas se aprecian muchos vicios legales, que ya son analizados por especialistas en materia de derecho, y son quienes han dado acompañamiento a las familias de niños migrantes.
“Esperar que un niño se represente a sí mismo en un tribunal de migración es absurdo y profundamente injusto”, comentó Christine Lin.
Desde el 2019 y hasta el 2023, un total de 378 mil 473 niños y adolescentes de varias nacionalidades ingresaron a Estados Unidos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, entidad que indicó también que no tiene registros del paradero de 37 mil 088 menores de edad.
Entre las nacionalidades de los niños y adolescentes no acompañados que entraron al país del norte existen, en primer lugar, los oriundos de Ecuador; le siguen niños salvadoreños y enseguida están los menores mexicanos.
También en enero, una jueza federal de California ordenó al gobierno de Trump “que se adhiera” a los términos del acuerdo de 2022, que garantiza mantener unidas a las familias migrantes y establece “estándares” para las condiciones en las que se retiene a los niños no acompañados detenidos en la frontera.
Hoy, activistas como Conchita Walker aseguran que, adicionalmente a las marchas, hay muchos padres de familia que esperan el resultado de sus amparos en distintas partes de Estados Unidos, siendo Miami, Texas, California y Denver los sitios donde han localizado mayor número de estos trámites jurídicos.
“Las marchas sí dan resultados; hay muchos gringos que están con la comunidad migrante, porque somos nosotros quienes cuidamos a sus hijos, quienes ponemos el alimento en su mesa; somos gente de trabajo y ellos lo saben, son los mismos güeros los que nos ponen de cerca a los abogados para ampararnos. Conozco el caso de una chica que hace la limpieza en casa de una abogada en Denver y ella le ayudó con su trámite. Aquí el único que no nos quiere es el señor de arriba”, dijo.
- 312 por ciento aumentó el número de niños migrantes entre 2020 y 2023
La semana antepasada se conoció que, en Austin, la organización de asistencia legal para migrantes más grande se vio obligada a despedir empleados luego de que la administración del presidente Trump rescindió un contrato para dar tales servicios a niños migrantes no acompañados.
Y es que el Centro de Servicios de Educación para Inmigrantes y Refugiados notificó a empleados recientemente que estaban despedidos debido a que el gobierno federal dio por terminado el contrato que tenía con Acacia Center for Justice.
- El Tip: Diversas organizaciones lanzaron un proyecto en bebeficio de menores migrantes en Chiapas y Sonora.
Dolores Schroeder, directora ejecutiva de la organización Raíces, con sede en San Antonio, explicó en un mensaje de email que la decisión del gobierno de rescindir el contrato “deja una brecha de ocho dígitos de financiamiento que no puede ser repuesta en su totalidad de manera razonable y sostenible”.

