Un tribunal especializado dependiente de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación —que iniciará labores el 1 de septiembre— será el que resuelva los recursos de revisión cuando los ciudadanos no estén conformes con las respuestas que reciban a las solicitudes de acceso a la información pública que interpongan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En conferencia de prensa, al presentar Transparencia para el Pueblo, órgano desconcertado que suple al desaparecido Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que la dependencia que encabeza “no será juez y parte” en las resoluciones.
“No vamos a ser juez y parte, porque se propone la labor de un tribunal especializado (...) Si nosotros por alguna razón, la respuesta del órgano desconcentrado no es satisfactoria para la persona que demande la información, puede ir a un tribunal especializado que revisará a fondo lo que a derecho convenga. Si el juez determina que debemos dar la información, esto se hace, es más democrático el acceso de información a la ciudadanía”, aseguró.
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- El Tip: Buenrostro dijo que la característica que tienen los tribunales es que serán como los de derechos humanos, donde lo que ve el juez es el fondo del reclamo.
Sin embargo, dijo desconocer aún de qué área va a depender dicho tribunal, y quién realizará los nombramientos de sus integrantes, pues, dijo: “está por conformarse y lo va a definir el Poder Judicial por ahí de septiembre”.
“Ahorita el Poder Judicial anda en elecciones. Como todo está en proceso, y tenemos que esperar para que se nos den los otros nombramientos que son los que van a nombrar, pues precisamente le van a dar forma a este tribunal, los que van a hacer cumplir la ley”, explicó.
Plataforma Nacional de Transparencia, sin cambios
El procedimiento, aseguró, va a ser el mismo para los ciudadanos, y la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá operando con el mismo formato en que se conoce.
Lo único que cambiará es que “en lugar de ir a un juzgado donde atienden diversas materias, las personas que quieran interponer queja de alguna resolución, podrá ser revisada por otra autoridad, en este caso el Poder Judicial”, agregó Raquel Buenrostro.
Aseguró que las resoluciones van a seguir siendo públicas, sin embargo no habrá sesiones públicas ni decisiones colegiadas.
“No tiene tanto caso hacer la sesión pública porque no es un debate porque es una decisión unipersonal, al final que es una sola institución (...) ellos responden conforme a derecho pero ahí jurídicamente son áreas técnicas, no son comisionados que son puestos políticos, se resuelve y entonces ya se pone a consideración y se emite la resolución”Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno
Buenrostro pide paciencia para estabilizar PNT
Agregó que la característica que tienen los tribunales especializados es que serán como los de derechos humanos, en donde no importa tanto cómo la persona fundamentó la queja, sino que la queja tenga un derecho fundamental.
“No necesariamente tiene que estar escrito como en derechos humanos ni siquiera por un abogado. Es como más cercano, digamos, al tema de derechos humanos. Lo redacta y lo que ve el juzgador es el fondo del reclamo. Y si él considera que el fondo viene reclamo, no se detiene tanto en la en la forma jurídica, sino en el fondo. Sale más económico. Entonces, ahí la ventaja”.
La funcionaria pidió paciencia, pues explicó que en lo que resta del año se estabilizará el sistema en la Plataforma Nacional de Transparencia, “para pasarlo, no solo a los otros poderes, sino también a los estados y municipios. Y el siguiente año”.
Quedaron pendientes 400 resoluciones tras desaparición de INAI
Buenrostro reconoció que hay un rezago de 400 resoluciones que quedaron pendientes del momento en que concluyó funciones el INAI, a la fecha.
La secretaria aseguró que Transparencia para el Pueblo representa un ahorro de 52 por ciento frente a lo que costaba el INAI, que se traduce en más de 500 millones de pesos al año.
El desaparecido organismo contaba con 28 direcciones, mientras que el nuevo órgano contará con nueve. En lo que respecta al número de empleados, eran 719 y ahora van a ser 400.
Sin embargo, serán creados 18 organismos garantes, pues Transparencia para el Pueblo sólo se hará cargo de la información del Gobierno Federal.
“El aparato era muy grande, ostentoso e ineficiente”, aseguró la secretaria federal.
Los partidos políticos, sindicatos y los Poderes Legislativo y Judicial deberán crear sus propios órganos de transparencia.
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cehr
