Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “F” y nueve integrantes más de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, que tuvo una duración de más de 17 horas, el juez federal Mario Martínez Elizondo consideró válidas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y determinó la vinculación a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, se señaló a las diez personas de presuntamente facilitar el acceso de millones de litros de hidrocarburos a territorio nacional, haciéndose pasar por aditivos cuando en realidad se trataba de diésel.
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El juzgador federal dictó prisión preventiva justificada en contra de los diez señalados, y dio un plazo de investigación complementaria de seis meses.
El juez estableció que el vicealmirante Manuel Roberto “F” habría tenido funciones de dirección al interior de la red delictiva, autorizando perfiles de integrantes y coordinando acciones en distintas aduanas del país.
Mientras que Climaco “N” y Humberto “N” también habrían desempeñado tareas o funciones de mando y facilitación de operaciones mediante movimientos de personal en puntos estratégicos.
Los señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR),incluye declaraciones de un testigo protegido identificado como “Santo”, y de personas que son referidas con las siglas JH y HRV, quienes detallaron el funcionamiento de la red de contrabando.
Según estos testimonios, entre 2024 y 2025 ingresaron al país más de 32 barcos con diésel, que se hicieron pasar por aditivos, lo que habría evitado el pago de impuestos y ocasionado un daño económico significativo al país.
Los envíos habrían impactado puertos y operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y Ciudad de México.
La investigación alcanza incluso a empresarios y personas jurídicas, quienes presuntamente habrían encubierto movimientos financieros y transferencias de fondos producto de las operaciones de contrabando.
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FGR
