En una sesión que se extendió pasadas las 21:30 horas de este martes, el pleno del Senado de la República discutió la reforma a la Ley Aduanera, aprobada por la mayoría del bloque de la Cuarta Transformación, y criticada por la oposición.
Entre los cambios destaca una modificación en su artículo primero transitorio que establece que la norma entrará en vigor a partir del primero de enero de 2026.
- El Dato: En la discusión de la Ley, la oposición acusó al Gobierno de culpar a agentes aduanales de corrupción, siendo funcionarios de Morena los beneficiados del huachicol fiscal.
La ley fue aprobada en lo general con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención; mientras que, en lo particular, fueron 77 a favor y 38 en contra. Con la aprobación de este transitorio, la reforma volverá a la Cámara de Diputados.
¿En qué consiste la Ley Aduanera?
La Ley Aduanera busca endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando; además, pretende frenar la evasión y elusión fiscal derivada de la introducción de mercancías al país.
Entre los objetivos de la iniciativa presidencial se encuentra modernizar las reglas para un comercio exterior más competitivo, fortalecer la transparencia y legalidad de los procedimientos aduanales, y asegurar una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin imponer nuevos cargos a la ciudadanía.
Esto cobra relevancia en un contexto en que los ingresos por comercio exterior se han incrementado 18.3 por ciento respecto a 2024, alcanzando más de 1.07 billones de pesos, equivalentes al 26 por ciento de los ingresos tributarios del país.
En el debate, la senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, presentó una moción suspensiva, bajo el argumento de que la ley podría generar cuellos de botella en el comercio exterior y alzas en productos de importación si no se revisa cuidadosamente.
Señaló que la iniciativa surge del llamado “huachicol fiscal”, con un daño al erario superior a 600 mil millones de pesos, y criticó que algunas medidas, como la suspensión de agentes aduanales investigados o las multas excesivas, podrían ser inconstitucionales y afectar a importadores.
“No es un asunto menor, se puede generar un daño al comercio exterior, generar cuellos de botella que entorpezcan el comercio exterior y sobre todo se pueden generar incluso algunas alzas desmedidas en los productos de importación si no se revisa con mayor cuidado lo que se está haciendo. Miren, esta iniciativa proviene del robo del siglo, el robo del siglo conocido como el huachicol fiscal, en donde hay consideraciones de daño al erario por más de 600 mil millones de pesos”, señaló.
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, criticó la reforma a la Ley Aduanera señalando que, lejos de modernizar procesos y combatir la corrupción, sobrecarga regulaciones, genera incertidumbre jurídica y afecta al comercio exterior.
Explicó que la norma penaliza a importadores, frena exportaciones y carga la responsabilidad a los agentes aduanales, mientras que las autoridades como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no asumen sanciones ni control efectivo.
La Ley Aduanera también promueve la modernización tecnológica de las aduanas, elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas cada tres años, y fortalece los controles en programas de facilitación aduanera, como la importación temporal.
Asimismo, establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales y aumenta los controles sobre las operaciones aduaneras, obligando a verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias.
Busca garantizar que quienes realicen operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no mantengan vínculos con personas o empresas que realicen facturaciones simuladas.
De acuerdo con la ley, la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años, con certificaciones cada tres años, y se crea el Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este consejo será responsable de otorgar, suspender, cancelar o extinguir las patentes, así como de la inhabilitación de agentes aduanales, autorizaciones, inhabilitaciones y cancelaciones de agencias aduanales y sus prórrogas.
La reforma establece supuestos de infracción y sanciona con mayor severidad a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades necesarias para su retorno al extranjero o sin el pago de contribuciones correspondientes.
Con estas medidas, el Gobierno Federal busca facilitar las operaciones legítimas con certidumbre y trazabilidad, al tiempo que sanciona a quienes distorsionen el mercado formal y afecten la hacienda pública.
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cehr