El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado demandó la suspensión del padrón obligatorio de líneas telefónicas móviles, al advertir que la medida impulsada por el gobierno federal expone a millones de mexicanos a extorsión, robo de identidad y espionaje sin controles judiciales.
Tras confirmarse la vulneración de la plataforma de Telcel, el grupo parlamentario priista exigió una revisión integral de la política que obliga a los usuarios a entregar datos personales y biométricos como fotografías y huellas dactilares.
“El Estado debe combatir la delincuencia con inteligencia, no con medidas que sacrifican derechos constitucionales y exponen a la población”, afirmaron las senadoras y senadores del PRI.
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La bancada alertó que el registro replica los errores del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), invalidado por la Suprema Corte de Justicia en 2022 por violaciones a derechos humanos.
Además, denunció que la medida carece de controles suficientes y pone en riesgo la presunción de inocencia al presumir que todos los usuarios de telefonía móvil son potenciales delincuentes.
Las y los legisladores rechazaron el argumento oficial de que la recolección masiva de información ayudará a combatir extorsiones y fraudes.
Por el contrario, sostuvieron que debilita la seguridad pública al crear bases de datos altamente atractivas para la delincuencia organizada, tal como quedó evidenciado cuando Telcel reportó la filtración de información sensible durante el arranque del sistema.
El PRI subrayó que poblaciones en situación de vulnerabilidad —víctimas de violencia, discriminación o en riesgo de criminalización— son las más expuestas a los efectos negativos de esta política.
La recolección obligatoria de datos biométricos incrementa el riesgo de suplantación de identidad, robo de dispositivos y responsabilidad penal injusta en casos de clonación telefónica, advirtieron.
El grupo parlamentario presentó un exhorto formal para que se suspenda la aplicación del registro hasta contar con una evaluación técnica, jurídica y de derechos humanos que garantice la protección de la privacidad y los derechos constitucionales de los ciudadanos.
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LMCT
