Integrantes de la organización Red Mujeres en Plural sostuvieron una reunión con la diputada Kenia López Rabadán para presentar un paquete de propuestas rumbo a la reforma electoral, con el objetivo de preservar y fortalecer los avances en materia de paridad de género y combate a la violencia política contra las mujeres.
El colectivo planteó que cualquier modificación al marco legal debe garantizar que no se retroceda en las disposiciones ya vigentes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), y que, en su caso, se mejoren.
Entre las propuestas centrales destaca conservar los requisitos de elegibilidad que impiden contender a personas condenadas por violencia política contra las mujeres en razón de género; mantener las fórmulas paritarias y alternadas en candidaturas al Congreso; así como garantizar la paridad vertical y horizontal en ayuntamientos, alcaldías y gubernaturas.
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También solicitaron preservar las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) para rechazar candidaturas que no cumplan con el principio de paridad, así como garantizar la integración paritaria de consejos generales, tribunales electorales y comités de evaluación del Poder Judicial.
En materia de partidos políticos, pidieron mantener la obligación de garantizar paridad en sus órganos internos, procesos de selección de candidaturas y mecanismos de sanción frente a la violencia política de género. Asimismo, insistieron en conservar el destino del 3% del financiamiento ordinario para la capacitación y liderazgo político de las mujeres.
La Red Mujeres en Plural propuso trasladar a la legislación electoral diversas acciones afirmativas que actualmente derivan de acuerdos del Consejo General del INE, como: Paridad y alternancia en candidaturas a gubernaturas y paridad vertical y horizontal en listas al Senado.
En cuanto al financiamiento, solicitaron aumentar el porcentaje del presupuesto que los partidos deben destinar al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, al considerar que el 3% actual resulta insuficiente ante la ampliación de la participación femenina y ante posibles reducciones al financiamiento público.
También propusieron establecer mecanismos más estrictos de supervisión sobre el uso de esos recursos y obligar a los partidos a crear órganos especializados para atender casos de violencia política contra las mujeres.
Entre las propuestas más relevantes figura trasladar a la LGIPE las disposiciones constitucionales de la llamada “8 de 8” sobre inelegibilidad de personas violentadoras, eliminando la exigencia de sentencia firme y ampliando el supuesto a quienes estén sujetos a proceso por delitos o infracciones relacionadas con violencia política de género.
De igual forma, propusieron establecer sanciones por incumplimiento de la paridad en los gabinetes del Ejecutivo federal, estatal y municipal; mantener el principio de representación proporcional como herramienta para corregir desequilibrios de género; e incorporar criterios de equidad en municipios según tamaño y población.
El colectivo también planteó crear una acción afirmativa para que compitan exclusivamente mujeres en municipios y entidades que nunca han sido gobernados por una mujer, garantizar paridad en el acceso a prerrogativas para precampañas y campañas, y no limitar la facultad interpretativa garantista de las autoridades electorales.
Finalmente, propusieron incluir como causa de nulidad de elección la acreditación de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como incorporar en la nueva ley de la Fiscalía General de la República el mandato de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres.
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LMCT
