Una mujer mexicana de 27 años recibió una sentencia de 70 meses de prisión federal en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de personas que operó durante varios años en la frontera con Texas. Las autoridades estadounidenses informaron que la acusada, identificada como Giovana Lozano Hernández, residía de forma irregular en Laredo y obtuvo beneficios económicos por su intervención en estas actividades ilícitas.
El fallo lo emitió el juez federal John A. Kazen, quien evaluó pruebas que acreditaron la participación directa de la imputada dentro de una organización de gran escala. Durante la audiencia, el tribunal concluyó que la estructura funcionaba como un “one-stop shop” para alojar y trasladar migrantes en territorio estadounidense. El juzgador también subrayó “la profundidad de su involucramiento y la responsabilidad significativa que tenía” dentro del grupo delictivo.
De acuerdo con la investigación, Lozano Hernández actuó como encargada de las finanzas de la red, con funciones equivalentes a una directora financiera. Junto con su esposo, Danny Núñez, administró registros contables y flujos de dinero vinculados al tráfico de personas. Las autoridades documentaron que ambos colaboraron con el Cártel del Noreste y facilitaron el cruce de más de mil 900 migrantes, lo que generó ganancias ilícitas relevantes.
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Las indagatorias ubicaron actividades del grupo desde marzo de 2023. En un episodio registrado en diciembre de ese mismo año, agentes detectaron el traslado de personas dentro de un remolque blanco en un almacén. Una revisión posterior permitió localizar a 101 migrantes en el interior, entre ellos 12 menores que viajaban sin compañía. Testimonios recabados indicaron condiciones extremas: varios afectados reportaron dificultades para respirar y expresaron temor por su vida.
Un cateo en el domicilio de la pareja permitió asegurar teléfonos móviles, libretas con registros de operaciones, más de 36 mil dólares en efectivo y la presencia de dos personas extranjeras sin documentos. Los investigadores también recuperaron imágenes digitales de anotaciones y mensajes de voz que detallaban logística, alojamiento y control financiero de quienes ya habían sido trasladados.
El esposo de la sentenciada, de 35 años, recibió previamente una condena de 10 años de prisión federal el pasado 7 de enero. En el caso de Lozano Hernández, las autoridades anticiparon que enfrentará un proceso de deportación tras cumplir su condena.
Diversas agencias participaron en el operativo, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI, la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, con apoyo de la policía de Laredo.
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FGR
