Con 109 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad en lo general y en lo particular, la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio.
Las y los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en la urgencia de homologar los criterios de investigación, tipificación y sanción de este delito en todo el país, aunque la oposición advirtió que la reforma será letra muerta si no va acompañada de presupuesto suficiente.
El senador Enrique Inzunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y presentador del dictamen, explicó ante el Pleno que el diseño actual del federalismo mexicano genera una “dispersión normativa” que impide una respuesta uniforme frente al delito.

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“En nuestro país tenemos 33 códigos penales, uno en cada entidad federativa y el de la federación”, señaló. “Esto implica que existen criterios dispares, agravantes que no coinciden de estado a estado porque no están homologadas”, lo que deriva en que “en unos estados la justicia es expedita, en otros es dilatada y a veces incierta”.
La reforma, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica la fracción 21, inciso A del artículo 73 constitucional para establecer la base que permita expedir una legislación nacional que unifique tipos penales, punibilidades, estándares de investigación con perspectiva de género y mecanismos de coordinación entre federación, estados y municipios.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, destacó que se han registrado 8 mil 735 feminicidios en México en los últimos diez años; dos mujeres asesinadas por razones de género cada día; 839 víctimas menores de 17 años en ese periodo.
“México ocupó, según datos de la CEPAL, el nada honroso segundo lugar por número de feminicidios en América Latina, únicamente por detrás de Brasil”, afirmó. “Dos de cada diez casos ocurridos en América Latina se cometen justamente aquí en México.”
La senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI, complementó el diagnóstico: en una década se denunciaron 31 mil delitos sexuales, es decir, cuatro agresiones por hora, de los cuales el 91 por ciento quedó impune.
En materia de feminicidio, el 76 por ciento de los casos no termina en condena. “La impunidad no es negligencia individual”, afirmó. “Es el resultado predecible de un sistema que fue diseñado desde el principio sin pensar en las víctimas.”
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