La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hay referencia, motivo, fundamento o evidencia para proceder con una detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a las acusaciones que hizo Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, aseguró que “no existen pruebas que acrediten la comisión de un presunto delito” por parte del titular del Ejecutivo estatal.
El funcionario subrayó además que, en la solicitud enviada por autoridades estadounidenses, “no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, requisito indispensable para conceder esta medida cautelar.
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Incluso, remarcó que solicitará la evidencia pertinente a Estados Unidos por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios…”, explicó el titular de la Fiscalía Especializada.
La FGR precisó que no otorgará un aval inmediato a la solicitud de detención provisional, ya que esta medida implica una restricción a derechos humanos y solo puede concederse si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas, además de que debe acreditarse la urgencia para evitar que los señalados evadan la acción de la justicia.
Asimismo, advirtió que la información adicional deberá solicitarse y entregarse por vías oficiales y con estricta confidencialidad, a fin de evitar filtraciones que puedan comprometer el debido proceso.
Lo anterior después de que Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios y legisladores mexicanos, fueran señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Particularmente, el gobernador de Sinaloa fue señalado por presuntamente colaborar con el grupo criminal Cártel de Sinaloa.
A propósito, la FGR dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo análisis en caso de que el gobierno estadounidense entregue información adicional, con base en la cual determinará si la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos en el tratado bilateral de extradición.
Jiménez Vázquez también aclaró que la petición de Estados Unidos no constituye un procedimiento de extradición formal, sino una medida cautelar previa contemplada en el artículo 11 del Tratado de Extradición México–Estados Unidos y en la Ley de Extradición Internacional.
“La decisión… se va a circunscribir única y exclusivamente al pedimento de la medida cautelar”, puntualizó.
Finalmente, explicó que un eventual proceso formal de extradición seguiría una ruta distinta, que incluye la intervención de la SRE, la revisión del Poder Judicial y una resolución final de la cancillería sobre la entrega internacional.
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