Por permitir crimen, argumenta

PAN denuncia a AMLO ante Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad

La denuncia del PAN ante la CPI señala más de 200 mil homicidios y más de 150 mil desapariciones durante el sexenio anterior

Acción Nacional acusó una política de Estado permisiva con el crimen organizado durante el sexenio de López Obrador.
Acción Nacional acusó una política de Estado permisiva con el crimen organizado durante el sexenio de López Obrador. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, con el objetivo de que el tribunal internacional analice posibles responsabilidades individuales por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la violencia en México.

La acusación del partido incorpora cifras sobre la crisis nacional de seguridad, entre ellas más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, así como casos de reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de comunidades y zonas bajo control de grupos del crimen organizado.

Acción Nacional sostuvo que la denuncia busca trasladar el caso a una instancia internacional debido a lo que considera una falta de independencia de las autoridades mexicanas para revisar la posible responsabilidad del ex mandatario.

Según el partido, la investigación correspondería a un organismo externo y no al sistema judicial del país.

Sexenio anterior inició actitud permisiva con el crimen, acusa PAN

El PAN afirmó que la violencia registrada durante el sexenio anterior no fue resultado de hechos aislados ni de una expansión criminal espontánea. En su posicionamiento, acusó una supuesta colaboración permisiva del Estado mexicano con organizaciones delictivas durante gobiernos encabezados por Morena.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la CPI, entre 2018 y 2024 habría operado una política deliberada de cesión de autoridad frente al crimen organizado. El documento menciona casos en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, donde, según el partido, los grupos criminales ampliaron su control territorial, económico y político.

Con ese argumento, Acción Nacional señaló que la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” permitió mayores márgenes de operación para organizaciones del narcotráfico. El partido sostuvo que el Estado dejó de ejercer plenamente sus funciones en diversas regiones del país.

El comunicado también incluyó señalamientos contra integrantes de Morena, al mencionar los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, a quienes ubicó dentro de preocupaciones públicas relacionadas con presuntos vínculos entre poder político y grupos criminales en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

La dirigencia panista sostuvo que el avance delictivo no sólo implicó tolerancia institucional, sino que permitió que grupos criminales sustituyeran funciones del Estado en algunas comunidades, con efectos sobre víctimas, familias y poblaciones desplazadas.

Frente a ese escenario, el PAN afirmó que acudió a la Corte Penal Internacional debido a la debilidad que atribuye a las instituciones nacionales para realizar investigaciones independientes. El partido vinculó esta decisión con la exigencia de revisar responsabilidades individuales fuera del ámbito judicial mexicano.

Los datos incluidos por Acción Nacional colocan a las víctimas como eje central de su denuncia. El partido afirmó que millones de personas exigen justicia por familiares asesinados, desaparecidos o afectados por la expansión criminal durante el sexenio anterior.

Acción Nacional seguirá denunciando todo lo que tenga qué denunciar”, señaló el partido al defender la presentación del expediente ante la instancia internacional.

El documento entregado ante la Corte Penal Internacional incluye referencias a homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado, desplazamiento de comunidades y control criminal. El PAN pidió que estos hechos sean analizados como posibles crímenes de lesa humanidad, bajo la hipótesis de una política estatal que permitió el crecimiento de organizaciones delictivas.

La dirigencia blanquiazul afirmó que la denuncia busca exigir justicia para las familias afectadas por la violencia. “Las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas”, expresó Acción Nacional.

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