La usurpación de identidad en México tuvo un incremento de 327 por ciento al pasar de mil 590 registros en 2024 a seis mil 791 durante el año siguiente, de acuerdo con cifras de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional citadas por legisladores del Partido del Trabajo.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformar el Código Penal Federal para crear un delito específico contra la suplantación de identidad por cualquier medio, con sanciones de cuatro a ocho años de prisión, multas de 400 a 800 días y reparación del daño.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky, Ana Karen Hernández y el senador Alberto Anaya, el nuevo capítulo tendría el nombre de “Suplantación de Identidad” dentro del Título Vigésimo Segundo.
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Cualquier persona que se atribuya la identidad de otra o actúe con consentimiento para suplantar, con fines ilícitos y daños económicos, administrativos o morales, entraría en el supuesto planteado por el PT.
Para los casos con víctimas adultas mayores, menores de edad, personas con discapacidad o sin capacidad para comprender el hecho o resistirlo, la pena podría aumentar hasta 50 por ciento. La misma agravante aplicaría cuando el responsable use datos obtenidos por empleo, cargo, comisión, profesión, oficio o actividad.
Según el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, los casos de suplantación y robo de identidad crecieron hasta 84 por ciento en el país. Además, cerca de cuatro de cada 10 mexicanos ha enfrentado intentos de estafa asociados con estas prácticas.
“Este delito, que en conjunto genera millones de pesos en pérdidas financieras, se concentra principalmente en fraudes de comercio digital, créditos no reconocidos y clonación de chips (SIM Swapping)”, señalaron las y los legisladores.
Respecto al sector financiero, el PT citó registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre posibles robos de identidad en banca múltiple, como créditos no reconocidos, tarjetas o cuentas no solicitadas, contratos no autorizados y retiros desconocidos.
Otra referencia incluida en la propuesta es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual estimó que 23.1 millones de personas mayores de 18 años sufrieron algún delito en 2024.
El fraude se mantuvo entre los ilícitos más frecuentes, con una tasa aproximada de siete mil 574 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que 93.2 por ciento de los delitos no tuvo denuncia o carpeta de investigación.
“Las cifras reflejan la magnitud del problema y su relación con la suplantación de identidad, además, el 93.2 por ciento de los delitos no se denunció o no derivó en carpeta de investigación, lo que evidencia un escenario de alta vulnerabilidad y baja denuncia en el que los fraudes pueden expandirse sin una respuesta institucional suficiente”, advirtieron.
También alertaron que el avance tecnológico amplió los riesgos, ya que la suplantación no depende sólo de documentos falsos o uso indebido de datos personales. El texto menciona herramientas capaces de imitar voz, imagen y patrones de comunicación, por lo que plantea incluir como agravante el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías de la información.
La iniciativa, enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, busca corregir la falta de una figura autónoma en el Código Penal Federal para sancionar de forma directa esta conducta.
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