La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el pasado 23 de junio en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.
El organismo expresó su “profunda consternación” por el crimen y solicitó a las autoridades que la investigación considere tanto la labor de búsqueda que realizaba la activista como la perspectiva de género.
De acuerdo con ONU-DH México, en lo que va del año han sido asesinadas cinco personas defensoras de derechos humanos en el país, de las cuales tres eran buscadoras originarias de Guanajuato.
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La representación de Naciones Unidas manifestó además su solidaridad con la familia de Patricia Negrete y con las integrantes del colectivo Una Promesa por Cumplir, organización dedicada a la localización de personas desaparecidas.
Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su labor “libremente y con la protección necesaria”.
La ONU eleva la atención internacional sobre la crisis de desapariciones
El pronunciamiento de la ONU-DH ocurre meses después del debate generado por la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de solicitar que la Asamblea General de las Naciones Unidas examine la situación de las desapariciones en México, al considerar que existen indicios que podrían apuntar a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El comité, integrado por especialistas independientes en derechos humanos, señaló que la información recabada durante más de una década muestra patrones que podrían constituir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, por lo que pidió reforzar la cooperación internacional y la asistencia técnica para las labores de búsqueda e identificación forense.
Entre los datos citados por el organismo destacan el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con al menos 6 mil 200 cuerpos y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar, lo que, advirtió, refleja una crisis persistente y una capacidad institucional rebasada.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el informe al considerarlo “parcial y sesgado”, y sostuvo que no toma en cuenta las reformas implementadas desde 2019 y las modificaciones legales aprobadas en 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda.
Sin embargo, organizaciones civiles, colectivos de familiares, especialistas y organismos como Amnistía Internacional y el Centro Prodh han pedido al Estado mexicano mantener la cooperación con los mecanismos internacionales y reconocer la magnitud de una crisis que, según registros oficiales y académicos, supera las 132 mil personas desaparecidas en el país.
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