Al presentar su primer informe ante la Cámara de Diputados, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, informó que dentro de los primeros 100 días de su gestión la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales que involucran recursos por más de 600 millones de pesos.
Las 21 denuncias penales corresponden a una nueva estrategia institucional y a la posibilidad de que, con la nueva reforma a la Ley de Fiscalización, se puedan presentar en cualquier momento ante las autoridades competentes.
Diversos ejercicios fiscales bajo investigación
Las denuncias presentadas por la ASF abarcan diversos ejercicios fiscales, específicamente las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2020, 2021, 2023 y 2024. Estas acciones legales se relacionan de manera directa con auditorías practicadas en su momento a entidades fiscalizadas de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con el informe del Auditor Superior de la Federación, cada expediente se integró plenamente sustentado en evidencias obtenidas derivados de los trabajos de fiscalización de la ASF.
Entidades y municipios involucrados
Las 21 denuncias penales interpuestas por el organismo fiscalizador se relacionan explícitamente con las siguientes demarcaciones e instituciones públicas:
- Alvarado, Veracruz
- Matehuala, San Luis Potosí
- Maravatío, Michoacán
- Valle de Bravo, Estado de México
- Donato Guerra, Estado de México
- Gobierno del Estado de Nayarit
- Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
- Talleres Gráficos
Nueva estrategia de fiscalización permanente
El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, destacó que la integración de estos expedientes forma parte del rigor técnico y procesal de los primeros 100 días de su encargo.
La reforma a la Ley de Fiscalización modificó los criterios temporales, permitiendo la procedencia de las denuncias penales en cualquier momento del año.
Las entidades fiscalizadas pertenecen al ámbito municipal, estatal y federal, lo que incluye organismos autónomos, comisiones reguladoras y universidades de los tres órdenes de gobierno.
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