La justicia administrativa en México busca ser más cercana y eficiente para los ciudadanos. El Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se renueva, transformando su estructura y liderazgo para impulsar la profesionalización y el desarrollo de sus integrantes. Este cambio promete una mejor impartición de justicia en el país.
En asambleas generales, los asociados aprobaron la evolución del antiguo Colegio Nacional de Magistrados (CONAMAG) al nuevo Colegio Nacional del TFJA (CNTFJA). La meta es consolidar una organización dedicada a la capacitación continua, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la función jurisdiccional.
Las reformas estatutarias aprobadas son clave. Amplían la participación de magistrados de Sala Superior y Regionales, incorporan nuevos esquemas de integración y refuerzan los principios de paridad y representatividad. Además, simplifican el proceso para elegir al Consejo Directivo, buscando mayor agilidad.
Así queda conformado el Consejo Directivo
El Consejo Directivo será presidido por la Magistrada Ariadna Camacho Contreras, de la Sala Superior del Tribunal Federal. La acompañan el Magistrado Eduardo Santillán Pérez (Vicepresidente), la Magistrada Berenice Martínez Mejía (Secretaria), la Magistrada Mónica Guadalupe Osornio (Tesorera), y los magistrados Sylvia Marcela Robles Romo y César Octavio Irigoyen Urdapilleta (Vocales), estos últimos de Salas Regionales.
Durante la sesión, el Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, subrayó la importancia del Colegio para el desarrollo académico y profesional de sus miembros. Destacó que una institución fortalecida contribuye directamente a un Estado de derecho más robusto y a una justicia más accesible para todos los mexicanos.
El CNTFJA nace con la ambición de ser un referente nacional e internacional en la materia. Impulsará la investigación, el análisis del marco normativo y la colaboración interinstitucional, reafirmando su compromiso de construir espacios de diálogo y cooperación entre quienes integran el organismo.
Esta renovación institucional es un paso firme hacia una labor judicial más sólida y moderna, beneficiando directamente a la sociedad mexicana al garantizar un sistema que responde a las necesidades actuales del país.
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