La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés), mantiene la recompensa de 10 millones de dólares por información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados como integrantes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Ambos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, son buscados por las autoridades de Estados Unidos, donde son acusados de diversos cargos relacionados con narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero.
“Dos menos y faltan dos”, advirtió la agencia estadounidense al recordar que otros dos hijos de “El Chapo”, Joaquín y Ovidio Guzmán López, se encuentran bajo custodia de Estados Unidos.
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Para evitar riesgos, el HSI pidió a la población no intervenir en caso de ubicar o identificar a los señalados. “No intente aprehender a ninguno de los sospechosos”, advirtió. “Ambos deben ser considerados armados y peligrosos”, agregó.
Hijos de ‘El Chapo’ habrían negociado entregarse a EU
Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo habrían mantenido contacto con autoridades de Estados Unidos para negociar una posible entrega para evitar ser asesinados o capturados, reportó Los Angeles Times el pasado 10 de mayo.
Según el periodista Keegan Hamilton, las conversaciones llevarían alrededor de un año y ambos hijos de “El Chapo” Guzmán esperarían el desarrollo de los procesos abiertos contra sus medios hermanos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes cooperan con las autoridades de Estados Unidos.
Iván Archivaldo es identificado por Los Angeles Times como una “figura clave” en la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a que habría operado a su favor para garantizar su elección como gobernador en 2021, a través de lo que el diario describió como “una campaña de terror”.
La acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York también incluye señalamientos contra otros nueve servidores públicos y exfuncionarios estatales, entre ellos Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Según Keegan Hamilton, las acusaciones estarían basadas en un “libro de contabilidad” con presuntos pagos mensuales de sobornos a altos funcionarios de Sinaloa, que habría sido recuperado en México durante la investigación.
No obstante, “la acusación parecía basarse en evidencia que tuvo que haber sido obtenida a través de vigilancia extraordinaria, o de personas íntimamente familiarizadas con Los Chapitos”, señala el periodista.
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