El Gobierno de México puso en marcha una estrategia jurídica y diplomática para responder a las muertes de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
Las medidas incluyen denuncias ante autoridades estadounidenses, acciones civiles y una comunicación con la ONU, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia precisó que las acciones comenzaron el 13 de julio, como parte de las medidas anunciadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Entre ellas figura la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
El documento será entregado por conducto de la Embajada de México en ese país.
Además, el Gobierno mexicano inició la presentación de denuncias ante fiscalías estatales de Estados Unidos mediante su representación diplomática y la red consular, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos.
La SRE también comenzó el envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención donde han fallecido ciudadanos mexicanos.
El primero fue dirigido al centro de Adelanto, California, donde se han registrado cuatro decesos. El objetivo es que cesen de inmediato las acciones u omisiones relacionadas con esas muertes, entre ellas la falta de acceso oportuno a atención médica y la aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.
La dependencia indicó que estos escritos constituyen el primer paso para una eventual presentación de acciones civiles.
SRE remite comunicación a ONU-DH
Como parte de la estrategia internacional, el canciller remitió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para solicitar que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses, evalúe si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y emita las recomendaciones correspondientes.
La SRE señaló que estas medidas forman parte de la etapa de investigación previa a las acciones judiciales que puedan emprenderse. Además, reiteró que mantendrá el acompañamiento a las familias de las víctimas a través de la red consular.
“El Gobierno de México actuará con firmeza en la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, por los cauces institucionales que ofrecen los ordenamientos de ambos países y el derecho internacional”, se lee en el comunicado.
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