La emisión de la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se descarta la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se desacreditan investigaciones realizadas durante la última década, desató una nueva confrontación entre el organismo autónomo y las familias de las víctimas, quienes exigieron la renuncia de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra.
A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, familiares, abogados y exfuncionarios de la propia Comisión consideran que el nuevo documento representa un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia, además de una ruptura con los criterios que la misma CNDH había sostenido en recomendaciones anteriores.
Felipe de la Cruz, vocero de un grupo de madres y padres de los 43 normalistas, afirmó que Rosario Piedra perdió la confianza de las víctimas al modificar la postura histórica del organismo.
“Yo lo que recomendaría es que dejara la función por su incapacidad de ver realmente y saber qué función tiene que desempeñar ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque cómo puede decir algo de las víctimas cuando se ha caminado, se ha llorado, se han muerto los compañeros en la lucha y que hable de esa manera haciéndonos ver como si fuéramos los malos”, declaró en entrevista.
Para el representante de las familias, la nueva recomendación desconoce años de investigación y coloca nuevamente en duda las denuncias de quienes han buscado esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La recomendación emitida por la CNDH no sólo rechaza la hipótesis sobre la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, sino que además deja sin efectos seis recomendaciones previas elaboradas por el propio organismo, en las que sí se reconocían omisiones y responsabilidades de elementos castrenses.
El documento también cuestiona los trabajos realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar.
Incluso, sostiene que algunas de las líneas de investigación construidas durante los últimos años promovieron “versiones fantasiosas” para desacreditar al Ejército mexicano y favorecer intereses extranjeros.
Alejandro Martínez Martínez, quien fue el primer director especial del caso Ayotzinapa dentro de la propia CNDH, cuestionó la elaboración del documento y aseguró que carece de sustento jurídico y metodológico.
“No hay una investigación seria, no hay récord técnico, incluso en la redacción de esta recomendación. Este término que se inventa entre Rosario Piedra y Francisco Estrada de ‘anti-verdad’ no viene en ningún estándar internacional, ni en la Constitución; no es parte del lenguaje de derechos humanos. Es algo que ellos se sacan de la manga y, si esa es una de sus hipótesis principales, pues más bien tiene objetivos políticos. La CNDH no tiene autonomía”, afirmó.
El abogado sostuvo que el organismo dejó de actuar como una institución garante de los derechos humanos para adoptar una postura política alineada con el Gobierno federal. Martínez también reprochó que las familias no fueran notificadas previamente sobre el contenido de la recomendación, pese a tratarse de víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
“Ese respeto, al menos antes de emitir una recomendación, de avisar, de notificar, por supuesto que desde ahí hay una revictimización y eso conduce a más diferencias y polarización entre las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, señaló.
A juicio del especialista, la falta de comunicación vulneró los principios de participación y centralidad de las víctimas que rigen los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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