El dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, reiteró la denuncia que han hecho líderes opositores de que el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal, no ha sido apegado a la ley, e hizo un llamado a respetar los mandatos de la Constitución.
A través de redes sociales, Romero Herrera compartió el documento que el viernes firmaron y leyeron exgobernadores panistas, en donde manifiestan su respaldo a Ruffo Appel, y denuncian que el exgobernador ha sido objetivo de violaciones a sus derechos en el contexto del proceso al que fue vinculado por autoridades federales.
En el documento, se reitera la postura de los opositores, de que el exgobernador ha sido incomunicado y se le ha negado la prisión domiciliaria que corresponde por su edad, además de que, según la oposición, se han descartado pruebas suficientes en favor de la inocencia del acusado.
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Al respecto, el dirigente nacional del PAN escribió que él y otros militantes del blanquiazul se suman al llamado de los exgobernadores a la “defensa del Estado de derecho, las garantías constitucionales y la dignidad de Ernesto Ruffo”.
“Nadie está por encima de la ley pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución”, concluyó Jorge Romero.
Exgobernadores y expresidente Fox firman documento en respaldo a Ruffo Appel; denuncian violaciones a la ley
En el documento compartido por Jorge Romero, y presentado y leído el viernes por parte de los firmantes, los exgobernadores del PAN y el expresidente Vicente Fox manifiestan su respaldo al exgobernador de Baja California, en cuyo proceso, denuncian, ha habido violaciones a la legalidad.
A través del oficio, los opositores denuncian que ha habido “series dificultades para mantener comunicación” con el acusado, “debido a las restricciones impuestas en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘El Altiplano”.
Lo anterior, acusan, “vulnera su derecho a una defensa adecuada y carece de justificación”.
En el mismo sentido, destacan que, por su edad, el exgobernador cuenta con el derecho a enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario, lo cual, aseguran, se le ha negado. “No se solicita un privilegio; se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley”, se lee en el documento.
Asimismo, se denuncia que ha habido irregularidades en el proceso, particularmente:
“la inexistencia de pruebas suficientes señalada por el segundo posicionamiento; la falta de valoración de elementos de descargo presentados por Ernesto Ruffo; el desconocimiento que existiría entre los propios coacusados; y una audiencia desarrollada de manera cerrada y opaca”, se lee en el documento.
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