El operativo que llevó a la captura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no es una cortina de humo sino un “caso gigantesco” de contrabando de combustible en México, respondió la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, a partidos de oposición que han defendido al exmandatario.
Durante la conferencia Derecho de Réplica, la consejera fue consultada sobre las acusaciones de partidos como el PAN y Somos México, que aseguran que la aprehensión de Ruffo Appel forma parte de una persecución política o un intento por desviar el debate público de las acusaciones contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Alcalde Luján señaló que no se trata de un asunto menor, ya que esta práctica para introducir combustible de manera ilícita a México representó un golpe de alrededor de 4 mil 600 millones de pesos y en el que no sólo se procedió contra el exgobernador, sino contra al menos otras 20 personas.
Además, recordó que la indagatoria no es reciente, sino que data de hace más de un año, cuando se hallaron ferrotanques con combustible que fueron abandonados cuando los responsables fueron advertidos de que se realizaría un operativo.
“Se da un pitazo de que va a haber un operativo y producto de ese de ese pitazo y que se conoce esa información abandonan el contrabando, el combustible, y hay operativo por parte de la fiscalía. Eso fue hace un año”Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de Presidencia
Luisa Alcalde responde a dirigente del PAN
Contradijo los argumentos expuestos por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien cuestionó que se detuviera a Ruffo cuando apenas posee uno por ciento de la empresa ngemar S.A. de C.V. vinculada al trasiego ilegal de combustible. Alcalde Luján sostuvo que existen evidencias de que es uno de los socios mayoritarios, con alrededor de 30 por ciento de las acciones.
“Tenemos que saber de qué se trata, porque entonces pareciera, que se trata de un caso menor cuando lo que estamos viendo es un caso gigantesco de este contrabando de combustible y todo un modus operandi que todos debemos entender”, dijo.
Alcalde Luján comentó que también se supo que desde entonces ya se contaba con otra orden de aprehensión, aunque en su momento no pudo ser ejecutada porque un juez concedió un amparo para que no avanzara, lo que consideró indebido pues el recurso no procede cuando se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
Acciones contra juez que concedió amparo, en manos del TDJ
Al ser cuestionada sobre si se emprenderá alguna acción judicial contra este juez, comentó que tal decisión queda en manos del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
“Hoy hay limitantes distintas porque en la Ley Orgánica ya se establecen facultades para que el Tribunal de Disciplina pueda actuar. Entonces, claro que ante quejas o incluso de oficio pueden evaluar cuál fue la actuación del juez. Y en este caso, como en otros, porque no es el único, jueces de amparo que otorgan sus pensiones para poder inhibir una orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa, claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el tribunal de disciplina”, dijo.
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cehr
