El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó al gobierno federal de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos en el proceso contra Ernesto Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Jorge Romero afirmó que la falta de elementos para atribuir al exgobernador de Baja California la conducción de esa estructura, junto con su reclusión en un penal de máxima seguridad, revela un trato parcial. “Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, declaró.
Al fijar la postura del PAN, el dirigente respaldó el pronunciamiento de exmandatarios estatales panistas y del expresidente Vicente Fox, quienes solicitaron un proceso imparcial, sustentado en pruebas y libre de presiones políticas.

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Romero Herrera contrastó el caso con los señalamientos públicos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila. Según expuso, las acusaciones sobre presuntos vínculos con grupos criminales no han provocado una respuesta oficial con la misma rapidez o severidad.

“No se nos olvidan los políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y que continúan protegidos por el oficialismo. La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno”, afirmó.
Sobre el expediente, el presidente partidista sostuvo que cualquier conducta delictiva debe recibir una sanción cuando existan pruebas, pero reclamó que las autoridades persigan adversarios o construyan culpabilidades sin sustento. “La justicia no debe instrumentarse como herramienta de presión política. Debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso”, señaló.
Para Romero Herrera, la causa penal pretende afectar a quien describió como una figura emblemática de la democracia mexicana, debido a que Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país. También habló de inconsistencias y decisiones que, a su juicio, ponen en duda la imparcialidad institucional.
El líder panista pidió una revisión objetiva de las pruebas. “Desde Acción Nacional no permitiremos que las instituciones de justicia se utilicen para fabricar chivos expiatorios. Ernesto Ruffo debe recuperar su libertad ante la falta de elementos que justifiquen una medida tan desproporcionada”, concluyó.
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