La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a la ciudadanía, periodistas, académicos y concesionarios a participar en la consulta pública sobre los lineamientos para la protección de las audiencias, al considerar que se trata de un proceso fundamental para garantizar el equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la información.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora afirmó que la defensa de los derechos de las audiencias constituye una obligación constitucional; sin embargo, subrayó que esta tarea no debe traducirse en restricciones a la labor periodística ni en afectaciones a la autonomía editorial de los medios de comunicación.
“Estamos ante una regulación de alta relevancia para la vida democrática, porque involucra simultáneamente el derecho de las audiencias y la libertad de expresión y de prensa”, señaló.
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López Rabadán indicó que la consulta representa una oportunidad para fortalecer el marco normativo y evitar interpretaciones que pudieran derivar en mecanismos de censura o sanciones injustificadas.
Entre los puntos que, a su juicio, requieren una revisión cuidadosa, mencionó el uso de conceptos como “información falsa”, “descontextualizada”, “veraz” y “oportuna”, debido a que, sin definiciones claras, podrían abrir la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.
Asimismo, expresó su preocupación por las atribuciones que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en la supervisión del trabajo de los defensores de las audiencias, al considerar que ello podría rebasar los límites establecidos por la Constitución y la legislación vigente.
La diputada también enfatizó la necesidad de establecer reglas precisas sobre las sanciones, los procedimientos y los criterios para la imposición de multas, con el propósito de ofrecer certidumbre tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación.
“No puede ser este tema un inhibidor de la libertad de expresión. Defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, pero esa protección debe fortalecer —nunca debe debilitar— la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial”, sostuvo.
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