El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, negó que un tribunal le haya impuesto o ratificado una sentencia de 36 años, o de 35 años y nueve meses, y sostuvo que su condena quedó firme el 8 de septiembre de 2010 por un periodo exacto de 28 años, ocho meses y siete días.
A través de un comunicado difundido este 5 de agosto desde Chetumal, Quintana Roo, afirmó que su defensa nunca solicitó reducir ni modificar esa resolución judicial. “Es totalmente falso que me haya sido impuesta o ratificada una pena de 36 años, o de 35 años y 9 meses”, expresó.
Según su versión, el fallo en México corresponde únicamente a un delito contra la salud bajo la modalidad de presunta protección a Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”. También rechazó contar con condenas por delincuencia organizada o asociación delictuosa.
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Villanueva señaló que Magaña obtuvo una absolución en julio de 2013 por falta de pruebas, pese a que ambos casos derivaron, de acuerdo con el documento, de los mismos hechos. “Resulta incongruente que dicho sujeto haya sido juzgado, declarado inocente, absuelto desde el mes de julio del 2013 y puesto en libertad por falta de pruebas, mientras yo continúo privado de la libertad”, indicó.
La declaración añade que las autoridades de Estados Unidos retiraron los cargos de narcotráfico y mantuvieron exclusivamente una acusación por lavado de dinero. El comunicado sostiene que ese delito ya había formado parte de un proceso en México.
De acuerdo con el pronunciamiento, sus abogados buscan una medida no privativa de la libertad o prisión domiciliaria conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), no la cancelación ni disminución del castigo.
La representación jurídica también espera que el Poder Judicial de la Federación (PJF) programe una audiencia para resolver una solicitud de libertad condicionada, tras el cumplimiento de más de la mitad de la pena.
A partir del 10 de junio de 2020, Villanueva permanece en un domicilio de Chetumal por una suspensión definitiva concedida dentro de un juicio de amparo. Precisó que esa medida frenó los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) para trasladarlo nuevamente a un centro penitenciario federal, pero no representa el otorgamiento formal de prisión domiciliaria.
El exmandatario atribuyó su resguardo a un estado de salud que, según el comunicado, fue acreditado por médicos legistas de la FGR y del juzgado. “Padezco 11 enfermedades cronicodegenerativas; por lo tanto, un reingreso a un centro penitenciario pondría en riesgo inminente mi vida”, manifestó. Un Tribunal Colegiado de Apelación aún debe resolver la impugnación relacionada con la orden de retorno.
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