La diputada federal Fuensanta Guerrero Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a fortalecer la atención en materia de salud mental dirigida a niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes han sido víctimas de violencia.
La legisladora impulsó la propuesta después de la agresión física y sexual sufrida por una menor de edad del municipio de Tabasco, Zacatecas, presuntamente atacada el pasado 10 de julio por un adolescente.
Guerrero Esquivel afirmó que este hecho no representa un caso aislado, sino el reflejo de un problema estructural que afecta a miles de menores en el país, debido a la persistencia de la violencia y a la insuficiencia de los mecanismos de atención integral, sobre todo en el ámbito de la salud mental.
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“Salvar la vida de una víctima es apenas el primer paso. La recuperación requiere acompañamiento psicológico y psiquiátrico especializado, continuo y de largo plazo, un servicio que sigue siendo insuficiente en gran parte del país”, sostuvo la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La legisladora recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, uno de cada 10 adolescentes reportó haber experimentado malestar psicológico durante el último año, mientras que alrededor de 441 mil jóvenes manifestaron haber tenido pensamientos suicidas.
Ante este panorama, la diputada exhortó a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), a las autoridades educativas, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y a las procuradurías de protección de menores a reforzar los protocolos de detección, atención y seguimiento psicológico y psiquiátrico.
Asimismo, la propuesta solicita que se garantice a la menor afectada, a su familia y a la comunidad donde ocurrieron los hechos el acceso a servicios médicos especializados y acompañamiento integral durante el proceso de recuperación y reparación del daño.
“La protección de la niñez no termina con la atención médica de emergencia. El Estado tiene la obligación de garantizar una recuperación integral y prevenir que ninguna niña, niño o adolescente enfrente solo las consecuencias de la violencia”, concluyó la legisladora.
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