El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, tuvo en sus manos un disco compacto con videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa apenas tres días después de los hechos de Iguala, esto según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La existencia de ese material y los testimonios que colocan el CD bajo control del entonces mandatario estatal se convirtieron, casi 12 años después, en piezas centrales de la acusación que esta madrugada llevó a su vinculación a proceso por desaparición forzada.
Blanca María del Rocío Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura estatal, dio a la Fiscalía la declaración que abrió esa ruta.
Según su denuncia, el 29 de septiembre de 2014 acudió al despacho de Lambertina Galeana Marín, en ese momento magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJ Guerrero), donde personal del área de Informática y Cómputo entregó un dispositivo que contenía registros de la noche en que los normalistas habían desaparecido.
Aquel disco concentraba imágenes captadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala durante las horas relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Estrada Ortega aseguró que en las videograbaciones aparecían hechos vinculados con la detención de un grupo de normalistas, dato que colocó el contenido dentro de una investigación que buscaba reconstruir lo ocurrido aquella noche.
La FGR concentró entonces sus pesquisas en establecer quién obtuvo el contenido, por qué manos pasó y qué ocurrió después de que un disco compacto con grabaciones de las cámaras exteriores del recinto judicial abandonó las oficinas del TSJ Guerrero.
Según la versión incorporada por la FGR, la entonces visitadora tomó el CD de la oficina de Galeana Marín y posteriormente lo entregó de manera directa a Aguirre Rivero. La denuncia sostiene que el exmandatario conservó el dispositivo sin ponerlo a disposición de las autoridades encargadas de esclarecer la desaparición de los 43 jóvenes.
No se trata, dentro del expediente, de una afirmación aislada. La Fiscalía también obtuvo una entrevista de Lambertina Galeana, cuya versión, de acuerdo con la relatoría ministerial, coincide con los hechos narrados por Estrada Ortega respecto de la reunión del 29 de septiembre y la llegada del personal técnico que llevó las grabaciones.
Otros testimonios reforzaron esa secuencia. Personas cuya identidad quedó bajo reserva declararon que les constaba la presencia de la entonces visitadora general en las oficinas de la magistrada presidenta, así como la llegada de los ingenieros del tribunal durante el encuentro en el que apareció el dispositivo de almacenamiento.
Con esas declaraciones, la FGR reconstruyó el trayecto que ahora sostiene una parte central del caso. Los registros salieron del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia, llegaron al despacho de la presidenta del tribunal, pasaron a manos de Estrada Ortega y, conforme a su denuncia, terminaron en poder del gobernador.
Ese recorrido resulta determinante porque conecta una decisión ocurrida apenas 72 horas después de la desaparición de los normalistas con el proceso penal abierto casi 12 años más tarde.
La Fiscalía atribuye relevancia jurídica al destino del material por tratarse de imágenes relacionadas con hechos investigados dentro del caso Ayotzinapa y cuya existencia, de acuerdo con la acusación, no llegó oportunamente a las autoridades responsables de esclarecerlos.
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MSL
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