La expansión del llamado huachicol fiscal no puede entenderse únicamente como un problema de contrabando y corrupción, sino también como una expresión de las dificultades financieras y operativas que se enfrentan en el en el sector energético, afirmó la penalista María Fernanda Buergo Gómez.
La especialista explicó que, aunque el combate al robo de combustible a través de ductos redujo la presencia pública del huachicol tradicional, el mercado ilegal de hidrocarburos no desapareció, sino que encontró nuevas formas de operación.
De acuerdo con Buergo Gómez, algunos grupos que anteriormente recurrían al combustible robado modificaron sus mecanismos para continuar dentro del mercado ilícito.
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Una de estas vías consiste en importar combustibles y declararlos ante las autoridades aduaneras bajo una clasificación distinta, con el objetivo de evitar el pago de las obligaciones fiscales correspondientes.
La penalista señaló que este esquema requiere la intervención de diversos actores y controles deficientes, particularmente en las aduanas, ya que el ingreso de grandes cantidades de combustible bajo una descripción distinta difícilmente podría concretarse sin omisiones o actos de corrupción.
Buergo Gómez explicó que las dificultades para garantizar una oferta suficiente y competitiva de combustibles han incrementado la necesidad de recurrir a producto proveniente del extranjero.
Este escenario, señaló, ha sido aprovechado por redes dedicadas al contrabando para introducir combustibles al país mediante mecanismos que permiten evadir impuestos y controles regulatorios.
La especialista aclaró que las deficiencias no justifican ni disminuyen la responsabilidad de quienes participan en estas operaciones ilícitas. Sin embargo, consideró que sí permiten entender por qué el fenómeno ha encontrado condiciones favorables para expandirse.
“El problema ya no se limita al robo físico de combustible”, explicó, al señalar que el huachicol fiscal involucra una cadena más amplia en la que convergen contrabando, evasión fiscal, corrupción y fallas en los mecanismos de supervisión.
Uno de los principales puntos de atención, de acuerdo con la penalista, son las aduanas, debido a que el esquema de importación irregular requiere que el combustible pueda ingresar al territorio nacional con una clasificación distinta a la que realmente corresponde.
Dijo que en ese sentido, el huachicol fiscal representa una problemática que combina delincuencia organizada, corrupción, evasión fiscal y vulnerabilidades institucionales.
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