La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá multar a concesionarios de radio y televisión por tres incumplimientos relacionados con los derechos de las audiencias, pero no tendrá facultades para sancionarlos por el contenido de sus transmisiones. Los nuevos lineamientos, que especifican estos límites, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en una fecha próxima.
Estas sanciones procederán si una radiodifusora o televisora no publica su código de ética, omite nombrar a un defensor de las audiencias o carece de un mecanismo eficaz y accesible para recibir inconformidades. La autoridad reguladora no resolverá si una noticia, opinión o comentario difundido por un concesionario es verdadero o falso.
Sheinbaum defendió esa delimitación bajo el argumento de que otorgar al Estado capacidad para castigar expresiones difundidas en medios podría convertirse en un mecanismo de censura. “No estamos de acuerdo en que la comisión multe a un medio de comunicación por el contenido de lo que dice”, afirmó durante su conferencia matutina.
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El modelo propuesto por el Gobierno federal deposita la primera revisión de las quejas en los defensores de las audiencias que cada concesionario deberá designar. Esa figura recibirá los reclamos del público, evaluará si el medio incumplió su propio código de ética y podrá recomendar una aclaración, rectificación o la apertura de un espacio para ejercer el derecho de réplica.
La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión tampoco será la instancia encargada de determinar si un contenido específico constituye una mentira. Ese análisis corresponderá al defensor de cada medio, dentro de un esquema de autorregulación que obliga a las empresas a contar con procedimientos claros para atender a sus audiencias.
Sheinbaum sostuvo que el mecanismo busca evitar que una autoridad gubernamental decida qué información puede transmitirse. La Presidenta planteó que una persona que considere falsa o incorrecta una información pueda presentar una queja directamente ante el defensor, quien deberá analizarla y responder de manera pública.
Esa separación entre contenidos y obligaciones administrativas fue uno de los puntos aclarados después de la consulta pública organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El proceso concluyó el 21 de agosto y recibió más de 8 mil comentarios y propuestas de distintos sectores, entre ellos representantes de la industria de radio y televisión.
La discusión modificó la redacción de los lineamientos para precisar los casos en los que podrá intervenir el regulador. También se hicieron ajustes en los apartados relacionados con la diferenciación entre información y opinión, con el propósito de reducir márgenes de interpretación sobre las obligaciones de los concesionarios.
Durante la conferencia no se presentó el texto completo de los artículos modificados. Alcalde señaló que los cambios no alteran el fondo de las disposiciones y que su principal objetivo consiste en dejar establecido que las multas no podrán utilizarse como respuesta a opiniones, críticas o información difundida por un medio.
El debate alcanzó también el alcance de los recursos disponibles para las audiencias cuando no estén conformes con la actuación de un defensor. Se señaló que versiones anteriores de los artículos 47, 49 y 50 permitían acudir ante la Comisión en determinadas circunstancias y planteó dudas sobre si esa posibilidad permanece en el documento final.
Sheinbaum respondió que el nuevo modelo podrá revisarse nuevamente si se demuestra que las herramientas disponibles resultan insuficientes para proteger el derecho de las audiencias. “Todo lineamiento es perfectible”, señaló al plantear que primero deberá evaluarse su funcionamiento.
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