La Cámara de Diputados tiene sobre la mesa una reforma que busca convertir la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales en una obligación expresa para autoridades federales, estatales y municipales, además de establecer medidas de protección, recuperación y desvinculación segura.
Según el proyecto, la protección también abarcaría formas de vinculación mediante entornos digitales y cualquier actividad destinada a beneficiar a esas agrupaciones o facilitar sus operaciones.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir los casos de captación, utilización o instrumentalización de menores en delitos, asociaciones ilícitas y estructuras del crimen organizado.
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Cuando una persona menor de edad resulte víctima de estas prácticas, las autoridades tendrían que garantizar protección, recuperación, desvinculación segura y restitución integral de derechos.
Reforma contempla atención integral, reubicación temporal...
El esquema contempla además medidas para impedir una nueva incorporación a estructuras delictivas y favorecer el retorno a entornos familiares y comunitarios seguros.
Entre las acciones previstas aparecen atención médica y psicológica especializada, continuidad o reincorporación escolar, traslado educativo, fortalecimiento de redes familiares, actividades culturales, deportivas y recreativas, además de capacitación y orientación vocacional.
A su vez, la iniciativa plantea crear una instancia multidisciplinaria entre los ámbitos federal, estatal y municipal para establecer mecanismos de prevención, detección, atención y canalización de los casos relacionados con este fenómeno.
Por otra parte, las procuradurías federal y locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendrían que desarrollar estrategias de resguardo o reubicación temporal. También asumirían el seguimiento de los planes de restitución hasta comprobar que desaparecieron las condiciones capaces de propiciar una nueva vinculación.
Reclutamiento constituye una forma de violencia contra infancias, argumenta diputada
Ballesteros sostuvo en la exposición de la propuesta que el reclutamiento constituye una forma de violencia y planteó que la respuesta institucional no debe limitarse al aumento de sanciones penales.
La legisladora consideró necesario actuar sobre las condiciones que favorecen la captación y establecer mecanismos que permitan una salida segura de esas estructuras.
La modificación comprende los artículos 47, 48, 57 y 123 de la legislación vigente. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió el proyecto a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.
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