LA CÁMARA de Diputados tiene sobre la mesa una propuesta de reforma para convertir la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales en una obligación expresa para autoridades federales, estatales y municipales, además de establecer medidas de protección, recuperación y desvinculación segura.
La propuesta de Movimiento Ciudadano (MC) busca modificar los artículos 47, 48, 57 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer un sistema de protección integral frente al reclutamiento delictivo.
La iniciativa prioriza un enfoque preventivo con la creación de instancias multidisciplinarias y garantías de desvinculación segura que traten a los menores como víctimas y no como criminales.
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En éste, la protección también abarcaría formas de vinculación mediante entornos digitales y cualquier actividad destinada a beneficiar a esas agrupaciones delictivas o facilitar sus operaciones.
La diputada de MC Laura Irais Ballesteros Mancilla propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir los casos de captación, utilización o instrumentalización de menores en delitos, asociaciones ilícitas y estructuras del crimen organizado.
La iniciativa plantea crear una instancia multidisciplinaria entre los ámbitos federal, estatal y municipal para establecer mecanismos de prevención, detección, atención y canalización de los casos relacionados con este agravio a menores.
MC en Diputados propone reforma para blindar a menores frente al reclutamiento del crimen
La Cámara de Diputados tiene sobre la mesa una reforma que busca convertir la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales en una obligación expresa para autoridades federales, estatales y municipales, además de establecer medidas de protección, recuperación y desvinculación segura.
Según el proyecto, la protección también abarcaría formas de vinculación mediante entornos digitales y cualquier actividad destinada a beneficiar a esas agrupaciones o facilitar sus operaciones.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir los casos de captación, utilización o instrumentalización de menores en delitos, asociaciones ilícitas y estructuras del crimen organizado.
Cuando una persona menor de edad resulte víctima de estas prácticas, las autoridades tendrían que garantizar protección, recuperación, desvinculación segura y restitución integral de derechos.
Reforma contempla atención integral, reubicación temporal...
El esquema contempla además medidas para impedir una nueva incorporación a estructuras delictivas y favorecer el retorno a entornos familiares y comunitarios seguros.
Entre las acciones previstas aparecen atención médica y psicológica especializada, continuidad o reincorporación escolar, traslado educativo, fortalecimiento de redes familiares, actividades culturales, deportivas y recreativas, además de capacitación y orientación vocacional.
A su vez, la iniciativa plantea crear una instancia multidisciplinaria entre los ámbitos federal, estatal y municipal para establecer mecanismos de prevención, detección, atención y canalización de los casos relacionados con este fenómeno.
Por otra parte, las procuradurías federal y locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tendrían que desarrollar estrategias de resguardo o reubicación temporal. También asumirían el seguimiento de los planes de restitución hasta comprobar que desaparecieron las condiciones capaces de propiciar una nueva vinculación.
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Ballesteros sostuvo en la exposición de la propuesta que el reclutamiento constituye una forma de violencia y planteó que la respuesta institucional no debe limitarse al aumento de sanciones penales.
La legisladora consideró necesario actuar sobre las condiciones que favorecen la captación y establecer mecanismos que permitan una salida segura de esas estructuras.
La modificación comprende los artículos 47, 48, 57 y 123 de la legislación vigente. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió el proyecto a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.
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