Ante el crecimiento del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, el PAN en la Cámara de Diputados llamó a Morena y al Gobierno federal a destrabar las iniciativas que buscan tipificar esta práctica como delito y destinar mayores recursos en el Presupuesto 2027 para prevenir la captación de menores.
La diputada federal del PAN, Paulina Rubio, sostuvo que el fenómeno no puede seguir siendo tratado únicamente como un problema de seguridad, pues detrás de cada menor reclutado existen fallas en los mecanismos de protección de la infancia.
“Un niño reclutado no es un delincuente que el Estado perdió. Es un niño al que el Estado no protegió a tiempo”, afirmó.
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De acuerdo con estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) citadas por las legisladoras, entre 30 mil y 35 mil menores son reclutados anualmente por la delincuencia.
Rubio señaló que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha solicitado a México realizar adecuaciones a su marco legal para enfrentar este fenómeno.
“El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha pedido al Gobierno hacer este tipo de adecuaciones al marco legal, pero las resistencias por no reconocer el problema lo agravan más; ahora con el tema del Presupuesto, bien valdría la pena analizar mayores acciones”, señaló.
La legisladora panista advirtió que las condiciones de abandono escolar, pobreza, falta de oportunidades y desintegración familiar pueden ser aprovechadas por los grupos criminales para acercarse a menores de edad.
A estos factores se suma el entorno digital. Rubio señaló que redes sociales, videojuegos y otras plataformas pueden convertirse en espacios utilizados por delincuentes para establecer contacto con niñas, niños y adolescentes, ganarse su confianza y posteriormente atraerlos hacia actividades ilícitas.
Por ello, junto con la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, propuso fortalecer las acciones preventivas desde las escuelas y comunidades.
Entre las medidas planteadas se encuentran la capacitación de docentes y familias para identificar señales de posible captación criminal, así como el fortalecimiento de protocolos escolares ante situaciones como ausentismo recurrente, cambios de conducta y abandono de los estudios.
También plantean crear mecanismos seguros de denuncia y atención, reforzar la prevención de riesgos digitales y garantizar que los adolescentes tengan acceso a educación, deporte, cultura, atención psicológica y oportunidades de desarrollo.
Otro de los planteamientos consiste en generar estadísticas oficiales sobre el reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos, debido a la ausencia de una cifra nacional única, actualizada y desagregada por entidad federativa.
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