A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Amnistía Internacional advirtió que las nuevas hipótesis planteadas por las autoridades no deben sustituir ni cerrar las líneas de investigación pendientes sobre la participación de agentes del Estado.
Luego del informe presentado el 28 de septiembre en la Secretaría de Gobernación sobre los avances en las investigaciones del caso, la organización manifestó su preocupación por que, a su consideración, el nuevo planteamiento regresa a una narrativa centrada en la responsabilidad de actores locales y deja en segundo plano la posible participación de órganos de seguridad nacionales.
Amnistía Internacional sostuvo que cualquier nueva hipótesis debe ser contrastada con las investigaciones pendientes sobre la cadena de mando político, la participación de las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales, así como la actuación de agentes de procuración de justicia.
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Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar el cierre u omisión de aquellas que permanecen pendientes.
“Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso”, afirmó.
La organización destacó que el informe presentado por las autoridades incluye análisis de comunicaciones telefónicas, diligencias realizadas en distintos lugares y la identificación de nuevas personas de interés que podrían aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, consideró indispensable que todas las líneas sean agotadas de manera seria, independiente y sustentada en evidencia verificable.
Exigen al Ejército entregar 853 folios
Uno de los principales reclamos de Amnistía Internacional se relaciona con la información que permanece en poder del Ejército mexicano.
La organización acompañó la exigencia de las familias de los 43 estudiantes para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue los 853 folios que han sido solicitados reiteradamente por los padres y madres de los normalistas, organismos internacionales y expertos que han participado en la investigación.
Olivares Ferreto sostuvo que, si la nueva etapa de las investigaciones pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, debe garantizarse primero el acceso a toda la información existente.
“A doce años de los hechos, siguen existiendo preguntas fundamentales sin respuesta y permanece información en poder del Ejército que ha sido requerida reiteradamente por las familias, por organismos y expertos internacionales y, actualmente, mediante una resolución judicial”, señaló.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional agregó que ninguna institución del Estado debe quedar fuera del escrutinio requerido para esclarecer el caso.
Piden investigar cadena de mando y Fuerzas Armadas
Amnistía Internacional recordó las aportaciones realizadas durante estos años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las organizaciones que han acompañado a las familias.
De acuerdo con la organización, estos trabajos permitieron identificar graves irregularidades y establecer líneas de investigación que, a su consideración, todavía deben ser agotadas.
Entre ellas se encuentra el análisis de la cadena de mando político, la posible participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de las policías estatal y municipal, así como la actuación de agentes de procuración de justicia.
Amnistía Internacional citó también los señalamientos de la CIDH respecto de la necesidad de profundizar en la posible participación de agentes militares y policiales en los distintos niveles de la cadena de mando, así como en sus posibles vínculos con grupos criminales que operaban en Guerrero al momento de los hechos.
Por ello, la organización pidió que cualquier nueva hipótesis incorpore y contraste los hallazgos obtenidos previamente y dé seguimiento a las líneas de investigación que permanecen abiertas.
“No debe sustituirlas mediante nuevas narrativas que vuelvan a centrar la explicación de los hechos únicamente en actores locales”, advirtió Olivares Ferreto.
Familias deben conocer primero los avances
Amnistía Internacional reiteró que las familias de los 43 estudiantes tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus hijos y a recibir información sustantiva sobre las investigaciones a través de los canales institucionales correspondientes.
La organización sostuvo que, después de 12 años, las madres y padres de los normalistas no requieren una nueva versión oficial, sino una investigación que preserve los avances alcanzados, agote todas las líneas pendientes y esclarezca las responsabilidades de quienes participaron, ya sea por acción u omisión, en la desaparición de los estudiantes.
“Las madres y los padres de los 43 estudiantes no necesitan una nueva versión oficial. Necesitan una investigación completa, que agote todas las líneas, preserve los avances alcanzados y esclarezca las responsabilidades de quienes participaron, por acción u omisión en la desaparición de sus hijos”, concluyó Olivares Ferreto.
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