Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que las personas buscadoras de desaparecidos enfrentan violencia letal en México, con ataques que derivan en asesinatos o desapariciones forzadas, y exigieron al Estado cumplir sus obligaciones internacionales de protección.
La denuncia del organismo internacional incluye tres agresiones en Sinaloa durante un lapso de 72 horas, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de este año. Los especialistas señalaron que estos hechos ocurren bajo condiciones de impunidad casi total, las cuales favorecen la actuación de los responsables.
Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, sufrió una agresión el 29 de agosto junto con su hija y dos menores. Ese mismo día se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por quienes buscan a sus familiares.
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Durante una manifestación pacífica en Mazatlán, un vehículo arrolló a integrantes de “Corazones Unidos por una Misma Causa” el 1 de septiembre. Los expertos también recordaron el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, miembro de esa agrupación, en 2026, así como la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre del año pasado.
Respecto de la responsabilidad gubernamental, los especialistas subrayaron que las autoridades deben asumir las búsquedas y garantizar condiciones de seguridad para la participación familiar en esas tareas e investigaciones. “Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumir cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias”, expresaron.
Mujeres, con mayor riesgo de sufrir agresiones
Conforme a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los países tienen un deber reforzado de protección hacia quienes defienden esas garantías. Para el caso mexicano, ese tribunal identificó a las mujeres que luchan contra la impunidad entre los grupos con mayor riesgo y señaló un aumento del hostigamiento y las agresiones por razones de género.
“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público”, afirmaron las personas expertas.
Pese a ese contexto, el grupo celebró la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que designó el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. Además, instó a México a reconocer públicamente esa labor y garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Una observación general sobre las víctimas por desapariciones forzadas establece que los Estados deben reconocer los daños específicos por razones de género, entre ellos violencia sexual, embarazo forzado, afectaciones psicológicas, estigma social y desestructuración familiar, recordó el pronunciamiento.
Mediante comunicaciones previas, los especialistas hicieron llegar sus preocupaciones al Gobierno mexicano. Entre ellas figura una carta de abril de 2026 acerca del asesinato de Gómez-Tagle, a la cual las autoridades respondieron.
“Este constituye un ejemplo trágico del incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones de proteger a las personas defensoras de derechos humanos”, señalaron los especialistas sobre la violencia contra las buscadoras.
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