El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones a las reglas de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para permitir la participación de representantes de los partidos políticos, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El fallo establece que las representaciones partidistas podrán intervenir con voz, pero sin voto, en los trabajos de la comisión, sin que ello implique acceso irrestricto a información confidencial, datos personales o expedientes reservados.
Durante la sesión, Movimiento Ciudadano (MC) logró que se aprobara una propuesta para obligar al Instituto a fundar y motivar la exclusión de los partidos de sesiones privadas. Sin embargo, su planteamiento de garantizarles versiones públicas de los documentos con información clasificada fue rechazado, con tres votos a favor y ocho en contra.
Ambas propuestas fueron presentadas por su representante, Juan Manuel Ramírez Velasco.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, representante del partido Somos, pidió retirar del orden del día el programa anual de trabajo y el calendario de actividades de la comisión, al cuestionar que se hubieran aprobado sin la participación de los partidos.
“Lo más pertinente es que se pudiera retirar este punto para que se convocara a una Sesión Extraordinaria a la Comisión”, planteó.
El debate mostró diferencias entre las consejerías sobre los alcances del mecanismo para detectar posibles vínculos delictivos entre aspirantes a cargos de elección popular.
La consejera Carla Humphrey advirtió que la comisión corre el riesgo de convertirse en una “mera oficina de partes”: recibir listas de candidaturas, remitirlas a distintas autoridades y trasladar después las respuestas a los partidos, sin integrar una evaluación general de riesgos.
Cuestionó que el INE no realice un análisis conjunto para establecer una escala de riesgo y que los resultados no sean vinculantes para impedir el registro de una candidatura. A su juicio, el mecanismo se queda corto frente a la responsabilidad de los partidos de revisar los perfiles que postulan.
El consejero Arturo Chávez López defendió la utilidad de la instancia. “Esta comisión no es una oficialía de partes”, sostuvo, al reivindicar su papel como mecanismo de coordinación entre los partidos y las autoridades encargadas de revisar posibles riesgos. Añadió que se trata de “una gran oportunidad para que los partidos con responsabilidad y teniendo la información que necesitan tomen mejores decisiones”.
El consejero Uuc-kib Espadas advirtió que la comisión no puede garantizar la integridad de quienes sean postulados, pues el INE no tendrá acceso a la información que las autoridades proporcionen sobre las candidaturas.
Su función, explicó, será canalizar a los partidos los resultados que reciban las instancias competentes, mientras cada fuerza política decidirá si mantiene o retira una postulación.
“Esta comisión no tiene como finalidad ni podría de ninguna manera garantizar la pulcritud de las candidaturas”, afirmó.
También alertó sobre el riesgo de un uso político de la información: “esta comisión no va a ser punto de obtención de armas arrojadizas para utilizar durante la campaña”.
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MSL



