El Colectivo Nacional Infancia sin Barreras impulsa la realización de un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir reformas legales que garanticen el derecho de niñas y niños a ser escuchados en los procedimientos judiciales de guarda y custodia, en los que se determina con cuál de sus progenitores vivirán.
A través de la campaña ciudadana “Infancia con Voz”, la organización busca colocar en el centro del debate legislativo la participación de las infancias en los litigios familiares, así como la necesidad de que sus opiniones, sentimientos y necesidades emocionales sean considerados por las autoridades judiciales.
Melina Escandón, fundadora del colectivo, explicó que la iniciativa surgió de las dificultades identificadas en los juzgados familiares, donde, señaló, las voces de niñas y niños no siempre reciben la atención necesaria durante los conflictos legales entre sus padres.
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Indicó que hay menores que expresan con quién desean vivir, ya sea con su madre o con su padre, pero sus preferencias no necesariamente se ven reflejadas en las resoluciones judiciales. Por ello, la campaña busca promover mecanismos que permitan escuchar sus testimonios y considerar evaluaciones psicológicas y otros elementos relevantes para determinar qué medida responde mejor a su bienestar.
“Las infancias tienen derecho a ser escuchadas. En los procesos judiciales familiares, su voz, sus sentimientos y sus necesidades deben ser tomados en cuenta. No se trata de favorecer a una madre o a un padre, sino de poner en el centro el bienestar de niñas y niños”, es el mensaje que resume el objetivo de la iniciativa.
El colectivo plantea que el parlamento abierto reúna a especialistas, representantes de la sociedad civil, autoridades gubernamentales y legisladores para analizar la problemática y construir una propuesta de reforma que fortalezca la participación de las infancias en los procesos judiciales que afectan su entorno familiar.
La organización, que brinda orientación psicológica y apoyo jurídico a personas que atraviesan conflictos familiares, considera que abrir la discusión en el Poder Legislativo permitiría identificar áreas de oportunidad en los procedimientos de guarda y custodia y avanzar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta busca que las decisiones judiciales no se limiten a resolver las controversias entre los adultos, sino que incorporen las opiniones de los menores de acuerdo con su edad y madurez, además de valorar las circunstancias particulares de cada caso y su interés superior.
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