La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la valoración de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos en las que reconoció saber sobre la participación de agentes estadounidenses en México.
Subrayó que el Código Penal es claro en la definición de los delitos que se cometen y las pruebas que acreditan su comisión.
“En términos de la comisión de un delito, quién resuelve si puede presentar una carpeta de investigación es la Fiscalía General de la República y ellos tendrían que dar su opinión. Yo creo que bastante hemos hablado del tema de Chihuahua. Y los dichos de la gobernadora pues hablan también por sí mismos”, comentó.
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Independientemente de las declaraciones que haya hecho la gobernadora, comentó que el caso en sí ya es delicado por las diversas irregularidades que se cometieron, además de la injerencia de los elementos norteamericanos, como que el operativo cometido sucediera en la madrugada, circularan por una carretera peligrosa y que sólo se hubieran transportado para ver un laboratorio clandestino sin desmantelar, porque además no tenían facultades para ello.
Respecto a las críticas con las que se ha cuestionado a su gobierno de proceder judicialmente contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por este caso, volvió a negar que esto implique alguna relación con la delincuencia organizada o para proteger a algún funcionario.
“Nosotros no establecemos bajo ningún motivo relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco. Nuestro aliado es el pueblo y cumplimos con la Constitución y con las leyes”, sostuvo.
Subrayó que si este fuera un escenario real no se tendrían los resultados de seguridad que se observaron desde el sexenio pasado.
“Y la propia gráfica de los presidentes, de los homicidios durante los distintos periodos muestran eso. El presidente López Obrador disminuyó en 9 por ciento los homicidios. Cortó de tajo este crecimiento que tenían los homicidios en el país. Y nosotros llevamos 49 por ciento. Entonces, esta visión se cae por sí misma, es muy absurda”, comentó.
Hizo hincapié en que en este caso el conflicto versa sobre la entrada de agentes extranjeros al territorio nacional, para realizar operaciones fuera de los protocolos de la relación bilateral y de las normas mexicanas.
“El problema es la entrada de agentes extranjeros, hacer operaciones sin avisar ni siquiera la secretaría de relaciones exteriores y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Ya quién está encargado de hacer esas investigaciones y solicitar al juez órdenes, pues es la Fiscalía General de la República. Y ya la Fiscalía evaluará esta última denuncia que se hizo”, enfatizó.
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