El Órgano Interno de Control (OIC), del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso una red de colusión y simulación de contrataciones a cargo de cinco empresas, derivado de un análisis preliminar que llevó a que cinco servidores del órgano ya fueran imputados y que se identificara que la responsabilidad no sólo implica al INE sino también a los Organismos Públicos Electorales (Oples).
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, compareció este viernes ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, donde advirtió que el caso constituye un problema “histórico y estructural”.
Con la precisión de que los resultados de las investigaciones son preliminares y no representan conclusiones definitivas, explicó que, entre 2014 y 2025, se identificaron cinco empresas con vínculos entre sí, que comparten representantes legales y socios, y que presuntamente simulan competencia para obtener contratos por 2 mil 461 millones de pesos por la venta de material electoral a los Oples.
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Se trata de Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México, compañías que concentraron 77 por ciento del mercado durante los últimos cinco años, equivalente a mil 883 millones de pesos.
Entre los vínculos identificados, Raymundo Francisco Hernández Casillas aparece como apoderado de las cinco empresas, mientras que su hermano, José Alfredo Hernández Casillas, figura como representante de dos de ellas: Cajas Graf y Seriplast.
En cuanto a la distribución de los contratos, al menos 20 Oples han tenido acuerdos con Cajas Graf; 10 con Corporativo Zeg; tres con Comerciadora JVLY; 10 con Formas Finas y Materiales, y uno con Seriplast.
De acuerdo con el análisis del OIC, las compañías habrían establecido un mecanismo para legitimar sus contrataciones mediante la presentación de ofertas con precios excesivamente elevados, lo que provocaba que el promedio de los costos de los materiales o servicios se incrementara artificialmente. Con ello, conseguían desplazar las propuestas de otras empresas que ofrecían precios más bajos.
Además, entre las empresas finalistas de los concursos, una de ellas no acreditaba el cumplimiento de los requisitos necesarios para asumir las obligaciones del contrato, por lo que también quedaba descartada y el último participante terminaba por obtener la adjudicación.
“Nuestro estudio aún necesita ampliarse, ir más para atrás para identificar cómo es que se ha concentrado este mercado, por eso es importante señalar que esto no es un asunto estrictamente de INE, es un asunto de todos los organismos públicos locales electorales”, señaló Carvente.
Hay 18 expedientes por posible conflicto de interés en contrataciones de Taddei
Respecto a los señalamientos que involucran a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por un posible conflicto de interés en las contrataciones, el funcionario informó que existen 18 expedientes, de los cuales 13 permanecen en investigación y cinco se encuentran en procedimiento.
En estos últimos ya se emitió un citatorio para la audiencia inicial de los servidores públicos imputados por presuntas conductas como actuación bajo conflicto de interés u ocultamiento.
Carvente subrayó que las irregularidades ya habían sido identificadas por el órgano de control antes de que fueran expuestas en medios de comunicación.
También aclaró que el OIC tiene facultades limitadas, pues, una vez que investiga y encuentra anomalías, remite los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de desahogar las pruebas y emitir una resolución. Hasta el momento, cinco personas han sido imputadas por presuntas faltas administrativas graves.
Por otra parte, el órgano de control únicamente ha inhabilitado y sancionado económicamente a una empresa, Bell-KROM, por incumplir sus obligaciones contractuales al no entregar 18 mil 35 chalecos.
Adicionalmente, se han presentado 25 vistas al área de investigaciones por posibles faltas administrativas, entre ellas ocultamiento, actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos públicos, simulación del cumplimiento de requisitos en contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la Hacienda Pública.
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