La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) no se limiten a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sino que abarquen administraciones anteriores, al considerar que los problemas en la contratación de proveedores y la impresión de material electoral se arrastran desde hace varios años.
Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista calificó como indefendible la actuación de Taddei, al señalar que no se condujo bajo los principios que deben regir el servicio público.
“Quien falla son las personas”, afirmó Montiel, al sostener que las instituciones deben ser sometidas a revisión cuando existen señalamientos sobre el desempeño de sus integrantes.

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La dirigente adelantó que solicitarán la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el funcionamiento del organismo electoral, particularmente los contratos con empresas proveedoras de material electoral, así como los procedimientos relacionados con su impresión y las designaciones de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Montiel sostuvo que las presuntas irregularidades no necesariamente comenzaron durante la administración de Taddei, por lo que consideró necesario revisar los antecedentes y las responsabilidades correspondientes a otros periodos.
En sus declaraciones, también recordó los procesos presidenciales de 2006 y 2012, al cuestionar el desempeño de las autoridades electorales de aquellos años y retomar las acusaciones de fraude e intervención en las elecciones. Incluso hizo referencia a declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su participación en los comicios de 2006.
Pese a los cuestionamientos y a la revisión que Morena plantea sobre el órgano electoral, Montiel descartó que la organización de las próximas elecciones esté en riesgo.
Argumentó que el INE cuenta con un servicio profesional de carrera y personal especializado para garantizar la realización de los procesos electorales, por lo que distinguió entre los señalamientos contra funcionarios y la capacidad institucional del organismo para cumplir con sus responsabilidades.
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