El Gobierno de México contabiliza 18 connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos en Estados Unidos, pero hasta ahora las familias únicamente han presentado tres demandas civiles, mientras que las fiscalías estadounidenses respondieron apenas 11 de las 22 comunicaciones que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar información sobre las investigaciones.
La Cancillería informó este jueves 12 de noviembre que cuatro familias cuentan con representación jurídica mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), otras siete contrataron abogados particulares y dos todavía buscan asesoría para emprender acciones ante los tribunales.
En los cinco expedientes restantes, los familiares decidieron no iniciar procedimientos legales, aunque la red consular mantiene el acompañamiento correspondiente. De las tres demandas civiles, dos cuentan con el respaldo del programa de asistencia mexicano y una procede de representantes privados.
Respecto a las gestiones diplomáticas, México dirigió ocho cartas a fiscalías generales estatales y otras 14 a autoridades de condados estadounidenses. La mitad de esas comunicaciones todavía carece de respuesta, de acuerdo con el informe oficial.
“Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, señaló la dependencia, sin precisar cuáles aceptaron continuar las conversaciones ni los resultados de los acercamientos.
Entre las autoridades con las que existe comunicación directa figuran los fiscales de Harris y Webb, en Texas, así como el de Ventura, California. La representación diplomática mexicana ha solicitado información sobre los expedientes y ofrecido colaboración para esclarecer las circunstancias de las muertes y lesiones.
Uno de los avances judiciales corresponde al proceso contra Mario Alberto Morales, agente del ICE a quien un gran jurado del condado de Harris acusó formalmente el pasado 30 de octubre por agresión agravada con un arma mortal, delito que contempla penas de entre dos y 20 años de prisión en Texas.
El expediente tiene su origen en los hechos del 10 de octubre, cuando el agente atropelló con una camioneta a Miguel Parra Hernández, mexicano de 48 años, durante una persecución en Houston. La víctima sufrió una fractura de pierna y otras lesiones que requirieron atención hospitalaria.
De acuerdo con la información local, el fiscal Sean Teare presentó imágenes de cámaras de vigilancia y del equipo corporal del funcionario federal como parte de los elementos que sustentaron la acusación. ICE rechazó que su integrante hubiera atropellado intencionalmente al connacional, mientras que la fiscalía estatal mantuvo los cargos.
Sobre este procedimiento, la Cancillería manifestó que “La SRE dará seguimiento puntual al proceso judicial, con pleno respeto a las autoridades judiciales competentes”.
La situación de los mexicanos fallecidos comenzó a adquirir mayor atención diplomática en julio, cuando el Gobierno federal presentó un primer balance de 17 decesos relacionados con actividades de la autoridad migratoria estadounidense desde el 20 de enero de 2025. De ese total, 14 ocurrieron en centros de detención y tres durante intervenciones de los agentes.
En aquella ocasión, el canciller Roberto Velasco informó sobre el envío de 11 notas diplomáticas de protesta a Estados Unidos y anunció una estrategia jurídica para solicitar investigaciones ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia. También planteó acciones civiles relacionadas con las condiciones de los establecimientos que administran empresas privadas bajo contratos con ICE.
Posteriormente, el 18 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó otro fallecimiento en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, con lo que la cifra oficial aumentó a 18. El Consulado General de México recibió la notificación de las autoridades migratorias y solicitó una investigación para determinar las circunstancias del hecho.
Ante ese caso, la dependencia anunció que presentaría una denuncia ante el fiscal del condado de Webb. También solicitó garantías de acceso a los establecimientos migratorios para que el personal consular pudiera supervisar la atención a la salud de sus connacionales.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había instruido desde julio el fortalecimiento de las medidas de protección y las gestiones judiciales por estos fallecimientos. Durante el anuncio de aquella estrategia, sostuvo que el Gobierno mexicano no podía permanecer al margen de las muertes ocurridas durante las operaciones del ICE o dentro de sus instalaciones.
Con el nuevo balance, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene abiertos los canales de comunicación con las autoridades estadounidenses y el acompañamiento a los familiares que buscan representación jurídica. Sin embargo, el reporte del 12 de noviembre no precisa cuántas investigaciones penales han concluido ni si existen resoluciones judiciales definitivas relacionadas con los 18 fallecimientos.
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MSL
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