La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a 82 personas servidoras públicas, una particular y una empresa por faltas administrativas graves, con destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que, en conjunto, ascienden a 175 millones de pesos.
Las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos federales, entre ellos Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, el Banco del Bienestar, la Guardia Nacional y distintas secretarías de Estado.
Entre los casos más relevantes destaca el de un funcionario de la División de Distribución Centro Sur de la CFE, en Morelos, quien fue inhabilitado por 10 años y recibió una sanción económica de 119 millones de pesos por omitir la defensa legal de la institución en cuatro juicios laborales durante 2019 y 2020. La falta de contestación de las demandas ocasionó condenas de pago contra la empresa eléctrica por un monto equivalente a la sanción.

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En la misma comisión, otro servidor público de la zona Mérida fue inhabilitado por 10 años y multado con 750 mil pesos por no registrar 420 faltas injustificadas ni aplicar 496 días de suspensión sin goce de sueldo a trabajadores que acumularon retardos durante 2022, lo que ocasionó un daño económico a la institución.
En Pemex también se impusieron inhabilitaciones por una década. Una trabajadora de Boca del Río, Veracruz, fue sancionada con 854 mil pesos por continuar cobrando el apoyo de gasolina entre 2018 y 2024, pese a que había vendido el vehículo registrado para recibir esa prestación. Un trabajador del Hospital Regional Salamanca recibió una sanción de 362 mil pesos por la misma irregularidad.
Otro empleado de la petrolera fue inhabilitado por 10 años y multado con 286 mil pesos por cobrar íntegramente su salario y prestaciones durante seis meses de 2023, a pesar de no presentarse a laborar después de haber sido reinstalado.
Las investigaciones también documentaron conductas de carácter sexual y abuso de funciones. En la Secretaría de Educación Pública, un trabajador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 227, en el Estado de México, fue inhabilitado por 10 años por realizar comentarios y tocamientos de índole sexual a un menor de edad.
En Pemex, otro servidor público recibió una inhabilitación de tres años por realizar comentarios sexuales a una compañera de trabajo, mientras que en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes una particular fue destituida e inhabilitada durante seis meses por presentar una licencia presuntamente falsa de la Agencia Federal de Aviación Civil para acreditar experiencia y ocupar un puesto de inspectora verificadora aeronáutica.
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un funcionario fue inhabilitado por 10 años y una empresa por un año, además de recibir una sanción económica solidaria de 330 mil pesos, por simular en 2018 un convenio con una persona fallecida para transferir a la compañía la entrega de un apoyo del programa de riego tecnificado.
También se impusieron sanciones por irregularidades que ocasionaron daños millonarios al patrimonio público. En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, dos exfuncionarios recibieron inhabilitaciones por 10 años y una indemnización solidaria de 33 millones de pesos por autorizar, sin justificación jurídica, pagos de rentas e intereses moratorios relacionados con la ocupación de una parcela.
En el ISSSTE, nueve trabajadores fueron inhabilitados por 10 años y recibieron una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas a dos empresas sin contar con la autorización de la Comisión de Abasto del SUPERISSSTE.
Por su parte, en el IMSS, una funcionaria fue inhabilitada por una década y multada con 1.7 millones de pesos por modificar registros de derechohabientes para incrementar indebidamente sus periodos de cotización durante 2018 y 2019.
El Banco del Bienestar también registró sanciones contra trabajadores de sucursales en Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua, por reportar intencionalmente saldos de caja distintos a los recursos que realmente tenían disponibles. Las multas impuestas en estos casos fueron de entre 13 mil y 209 mil pesos, además de inhabilitaciones de hasta 10 años.
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